El paro de transportistas que se inició el lunes 6 de octubre en Lima y Callao dejó expuesta la magnitud de la crisis de seguridad que golpea al sector y reconfiguró el escenario político local. Renovación Popular (RP) emitió un comunicado público donde expresó su respaldo total a la medida de fuerza y lanzó una advertencia directa a la presidenta Dina Boluarte: “¡Dina, si no puedes con la delincuencia, deja la presidencia!”.
En su pronunciamiento, la agrupación liderada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, denunció “la total incapacidad del Poder Ejecutivo para enfrentar a la delincuencia” y describió una situación en la que “las calles del país quedan en manos del crimen organizado y los peruanos siguen pagando con su vida la indiferencia del gobierno”.
En este contexto de tensión, Renzo Reggiardo, teniente alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y militante de RP, se reunió con los transportistas y anunció la firma de convenios dirigidos específicamente a los gremios de transportistas afectados. El funcionario declaró que el municipio planteará la incorporación de representantes del sector en el Comité Refional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana (Coresec), instancia multisectorial de seguridad que incluye al Ministerio Público, al Poder Judicial y que ahora también sumará la participación del presidente del Congreso y de un fiscal supremo, con el objetivo de reforzar la articulación institucional contra el crimen.
Además, anunció la extensión del aplicativo “Lima Digital” para los conductores. Esta herramienta, asegura, permitirá que los trabajadores del transporte denuncien en tiempo real hechos de extorsión, amenazas o emergencias, para que la MML y la Policía Nacional del Perú (PNP) actúen de inmediato.
A ello se suma el acuerdo para que las víctimas de la inseguridad accedan a atención médica y psicológica inmediata en los centros de la red Sisol. Reggiardo indicó que se coordinará con el doctor Luis Rubio, Presidente del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de La Solidaridad, para que los conductores y cobradores que resulten heridos o afectados emocionalmente por la violencia reciban tratamiento.
La reacción municipal también incluyó el compromiso de colaborar con toda la infraestructura tecnológica disponible. “Nuestras cámaras están activas y al servicio de las autoridades. No vamos a dejar que esto continúe. Tenemos la sensibilidad para actuar de forma rápida, como lo estamos haciendo hoy”, afirmó.
A su turno, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte (CIT), confirmó que a las 19:00 horas se reunirán con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, el ministro de Transportes, César Sandoval, y otras autoridades y que, de acuerdo a las conversaciones, ratificarán el anuncio de extender el paro a 48 horas.
El clima de inseguridad en el transporte público se ha agravado con ataques dirigidos contra choferes y cobradores en distintas zonas de Lima y Callao. El Observatorio de Crimen y Violencia del Banco de Crédito del Perú reveló que casi siete de cada diez víctimas son menores de 40 años, y que la extorsión recauda millones en pagos ilegales diarios. Esta violencia ha dejado huérfanos y familias en situación de desamparo, mientras la percepción de abandono ante la criminalidad se incrementa.
