El jefe de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, cuestionó este lunes los bloqueos de calles y avenidas realizados con autobuses durante la protesta por el avance del crimen organizado y calificó estas acciones como un “comportamiento criminal” que obliga a las autoridades a intervenir contra quienes las promueven.
En una rueda de prensa, defendió el trabajo de la institución y llamó a la ciudadanía a fomentar la paz social. “A nosotros nos meten a la madre, nos dicen asesinos, criminales, torturadores. Y eso es parte de la democracia”, expresó.
“Yo trabajaba hace poco acá en la Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE) y me decían asesino (...) Y cuando alguien me dijo: ‘¿Y cómo se siente usted que le dicen eso?’. Bueno, yo me siento feliz porque los que estaban ahí antes tiraban el coche bomba y esa es la democracia”, agregó.
Durante la jornada, grupos de transportistas formaron piquetes y bloquearon vías importantes en Lima, como las avenidas Túpac Amaru y Universitaria, además de zonas en San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores.
“Hay mucha división, mucho encuentro, mucho encono. Todos somos seres humanos, todos vamos a morirnos en algún momento, por favor, colaboremos para tener una sociedad en la cual podamos vivir mejor”, continuó Arriola al rechazar la imagen de una Policía represiva.
“El derecho a transitar libremente y el derecho a expresarte está garantizado por la Constitución, y nosotros, que somos hombres de bien, no salimos a la calle ansiosos de tirar un palo o soltar un gas lacrimógeno, por el amor de Dios, no. Nosotros estamos hechos para proteger a la vida humana”, indicó.
La paralización fue convocada tras el asesinato de un conductor de autobús el sábado por la noche en San Juan de Miraflores (SJM), hecho que se sumó al ataque contra otro chofer en San Juan de Lurigancho, ocurrido el domingo, donde este último resultó herido.
No obstante, el jefe policial descartó una relación directa entre el crimen en SJM y actos de extorsión. “Yo, sin temor a equivocarme, considero que atrás hay algún plan desestabilizador. Los casquillos (…) han sido homologados y ha permitido conocer que provienen de un arma utilizada en un caso de muerte también el 18 de octubre del año 2023, pero no por un caso de extorsión”, señaló.
Explicó que el caso sigue bajo investigación y subrayó que no se trata de un hecho delictivo común. “Es un caso de tiro en un espacio totalmente fuera de la cuestión criminal y que se encuentra en plena investigación”, afirmó.
Posturas
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte sostuvo que un paro no resolverá el crecimiento del crimen organizado y pidió colaboración ciudadana en un acto donde anunció el bloqueo de más de 1,5 millones de teléfonos celulares utilizados en estafas y extorsiones.
En tanto, el ministro del Interior, Carlos Malaver, negó que el Gobierno permanezca pasivo y respaldó los esfuerzos del Ejecutivo en la lucha contra las mafias. Señaló que la protesta tuvo un impacto parcial en Lima y acusó a ciertos medios de distorsionar las declaraciones oficiales.
