Las calles del norte de Lima amanecieron cargadas de tensión y reclamos. En avenidas clave, los buses permanecían detenidos, formando filas interminables en los alrededores del óvalo de Habich, en San Martín de Porres. No se trataba de una jornada cualquiera. La protesta convocada por las empresas de transporte urbano coincidió con el creciente malestar por la inseguridad y la reciente muerte de un conductor en San Juan de Miraflores, un hecho que, según los empresarios, “rebasó los límites” de la tolerancia.
Desde primeras horas, representantes de diversas compañías se agruparon en los puntos de bloqueo para hacer escuchar su pedido: ser recibidos directamente por la presidenta Dina Boluarte o el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana. Ninguna otra autoridad —ni ministros ni congresistas—, afirmaron, será interlocutor válido.
Los empresarios aseguran que no son dirigentes gremiales tradicionales, sino dueños de flotas y operadores que enfrentan diariamente la extorsión y la violencia. En el óvalo de Habich, donde se concentró uno de los grupos más numerosos, los voceros detallaron que representan a unas doscientas empresas con cerca de dos mil unidades detenidas.
Las empresas exigen diálogo directo con el Gobierno

Uno de los voceros tomó la palabra frente a los medios. “Somos representantes de la Asociación de Empresas de Transporte Urbano de Lima Norte. La medida va a seguir hasta que nos atienda el premier o la presidenta. No nos vamos a reunir con ministros ni congresistas, con nadie más”, declaró con firmeza.
A su lado, otro empresario confirmó la magnitud de la paralización. “Estamos hablando de empresas como El Rápido, Consorcio Vía, Los Loros, Nueva América, Santa Cruz, LIPETSA... en total, más de doscientas empresas”, explicó. Según precisó, la decisión fue adoptada en conjunto entre transportistas de los conos Norte, Este y Sur. “El paro continuará veinticuatro, cuarenta y ocho, setenta y dos horas o lo que sea necesario. No nos interesa parar dos o tres días más si no hay respuesta”, agregó.
El malestar no se limita al reciente crimen. Los empresarios sostienen que la situación de inseguridad y la falta de acciones concretas del Estado han deteriorado el transporte urbano. “Ya son más de sesenta muertes y el Gobierno no hace nada. Lo lamentable es que se han sentado muchas veces con personas que no nos representan, y eso ha generado paralizaciones fraccionadas”, señaló un representante de la empresa Nueva América.
Durante el diálogo, los empresarios fueron enfáticos en responsabilizar al Estado por la falta de medidas efectivas contra la criminalidad. “La extorsión no solo afecta al transporte, afecta a todos: pequeños y grandes comerciantes. Las leyes que se aprueban en el Congreso favorecen a la delincuencia, y el Congreso tampoco nos representa”, expresó uno de ellos.
También criticaron la ineficacia de los anuncios oficiales. “Se dijo que la Policía iba a acompañar a los buses, que se comprarían cámaras, que se reforzaría la vigilancia. Hasta ahora no hay presupuesto ni resultados”, indicó un empresario, quien pidió una “reorganización completa de la Policía Nacional”.
La desconfianza hacia las instituciones fue una constante en los testimonios. “Vamos a las comisarías, hacemos denuncias y los delincuentes se enteran. Ya saben quién fue, con quién hablamos. No hay confianza en la Policía”, aseguró otro de los voceros.
Bloqueos y tensión en Lima Norte

En los alrededores de Habich, las avenidas mostraban un panorama caótico. Vehículos detenidos, choferes apostados junto a sus unidades y algunos enfrentamientos menores entre conductores y ciudadanos que intentaban cruzar la zona. Aunque hubo presencia policial, los manifestantes insistieron en mantener los bloqueos.
Las empresas Santa Cruz, El Rápido y Nueva América confirmaron su participación activa en la medida. “Mientras no nos atiendan, la paralización va a continuar. No somos dirigentes gremiales, somos empresarios que convivimos con nuestros operadores todos los días”, indicó uno de ellos.
En tanto, las vías en Lima Norte, desde el puente Control hasta los alrededores de la avenida Zarumilla, permanecen restringidas. Los manifestantes sostienen que la continuidad del paro dependerá de la disposición del Gobierno al diálogo. “El premier o la presidenta, nada más. Si no nos atienden, esto seguirá paralizado”, concluyó el representante de la empresa El Rápido.