Desde el año 2023 hasta el 25 de septiembre de 2025, el Ministerio de Educación (Minedu) anunció la separación de 2160 docentes y administrativos con condenas o procesos judiciales por delitos graves.
Esta cifra, descrita como la más alta registrada en el sistema educativo nacional, incluye acciones adoptadas en unas 1829 instituciones educativas públicas y 331 colegios privados, según información oficial.
El proceso responde a la aplicación rigurosa de la Ley 29988, normativa que establece medidas extraordinarias para remover del sector educativo a toda persona implicada en delitos de terrorismo, violación de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, homicidio doloso, secuestro y otros delitos de similar gravedad.
“Vamos a limpiar las escuelas de malos elementos y no permitiremos que estén cerca de nuestros niños y jóvenes, pues, para el Ministerio de Educación, la seguridad de los estudiantes es una prioridad”, señaló el titular de la cartera , Morgan Quero.
Del total de separados, 1835 eran docentes y 325 administrativos. Los delitos comprenden principalmente violación a la libertad sexual (1813 personas implicadas), seguidos de terrorismo y apología del terrorismo (98), tráfico ilícito de drogas (95), homicidio doloso (41), secuestro (36) y otros cargos como proposiciones a menores con fines sexuales usando tecnología, proxenetismo, pornografía infantil, feminicidio, violación de la intimidad, trata de personas, secuestro extorsivo, parricidio y sicariato.
El Minedu subraya que se busca preservar la integridad de la niñez y juventud en todas las regiones del país.
Refuerzo y balance de las acciones en 2024
La política de separación se fortaleció durante el periodo entre el 1 de abril de 2024 y el 25 de setiembre del mismo año, cuando fueron apartadas 1165 personas: 1000 docentes y 165 administrativos distribuidos en 1024 escuelas públicas y 141 colegios privados.
De estas, 176 fueron separadas de forma definitiva y 989 de manera preventiva, de acuerdo a información del Ministerio de Educación.
El balance específico para este último periodo precisa: 991 personas separadas estaban condenadas o procesadas por violación de la libertad sexual; 87 por terrorismo y apología del terrorismo; 22, por tráfico ilícito de drogas; 21, por homicidio doloso, y 13 por proposición a menores de edad con fines sexuales por medios tecnológicos.
Además, 13 casos estaban relacionados con secuestro, 6 con proxenetismo, 5 con violación de la intimidad por difusión ilícita de material sexual, 2 con feminicidio y 1 con parricidio.
El ministro Quero afirmó que su gestión continuará redoblando esfuerzos para retirar a cualquier docente o personal administrativo que represente un riesgo dentro de las instituciones educativas.
“El compromiso es preservar la seguridad de los estudiantes y hacer de las escuelas lugares seguros para la formación de niños y adolescentes”, declaró Quero, según los reportes institucionales.
Estas medidas adoptadas se consolidan como parte fundamental de la política preventiva y de intervención que marca el rumbo del sistema educativo peruano hacia una mayor protección de la infancia y adolescencia.
