Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como ‘Pequeño J’, rechazó someterse a la extradición simplificada, para responder ante la justicia argentina, por el asesinato de tres mujeres en ese país. Durante la audiencia de prisión preventiva, el Poder Judicial peruano consultó al acusado de 20 años si se sometió a esta figura jurídica; sin embargo, el detenido no pudo dar una respuesta por sí mismo y pidió consultar con su abogado.
Uno de los policías de la comisaría de Chilca entregó voluntariamente su celular para que Valverde haga una llamada telefónica a su abogado, Marcos Sandoval. Luego de al menos cinco minutos, ‘Pequeño J’ dijo: "No me someto a la extradición”.
Ante esta negativa, el magistrado de la sala judicial de Chilca contestó: “Vamos a dejar constancia entonces que no se acoge a esta salida de extradición simplificada o de voluntaria. Dicho ello entonces, defensa técnica, tiene el uso de la palabra a absolver lo postulado por el Ministerio Público”.
Abogado asegura que ‘Pequeño J’ puede vivir en Trujillo
El abogado de Pequeño J aseguró que la tesis del Ministerio Público reproduce lo difundido en los medios argentinos sobre el triple crimen. Planteó que la acusación formal surge del eco mediático sin una investigación independiente en Perú. “La tesis del Ministerio Público está planteada tal y conforme se han dado las noticias desde la Argentina, desde la publicidad de que se viene dando a través de los medios de comunicación”, afirmó o durante la audiencia.
En el desarrollo de su alegato, el defensor sostuvo que su patrocinado “no ha sido parte de este execrable asesinato, triple asesinato” y se declaró inocente de todos los cargos. Argumentó que la decisión del acusado de regresar a Perú se relaciona con la ausencia de familiares en Argentina, lo que generaba incertidumbre sobre su representación legal y apoyo personal en caso de detención: “En Argentina no tengo ninguna familia. Me detienen, ¿quién me va a ver en la cárcel? ¿Quién me va a poner un abogado?”
El abogado explicó que recomendó a 'Pequeño J’ no someterse voluntariamente al proceso de extradición debido al clima mediático en Argentina. Señaló: “Lo que buscan es prácticamente meterle preso sin llevar adelante una investigación clara, objetiva de los hechos que ha ocurrido”. Su estrategia consiste en que el procedimiento continúe normalmente, con el objetivo de que las condiciones en Argentina permitan un mejor análisis de las pruebas en un contexto menos influido por la coyuntura.
Como respaldo, la defensa también presentó documentación para acreditar arraigo laboral, familiar y domiciliario en Perú, avalada por declaraciones juradas firmadas por la hermana del acusado. “La casa donde vive es una casa conocida de sus señores padres”, señaló el abogado. Sostuvo que estos arraigos demuestran el compromiso de Tony Valverde con su entorno y ayudan a garantizar que no se sustraerá del accionar de la justicia.
Finalmente, el defensor solicitó al magistrado que se conceda a su defendido una medida de libertad con comparecencia. Argumentó que es joven, de veinte años, y que necesita condiciones que le permitan trabajar y contribuir con su familia residente en Trujillo. “En consecuencia, pido que se aplique, pues, el principio de humanidad para mi patrocinado”, expresó.
¿Qué es la extradición simplificada?
La extradición simplificada implicaba la aceptación libre y voluntaria de aceptar ser trasladado a Argentina para enfrentar los cargos en su contra por homicidio agravado con las agravantes de alevosía y violencia de género.
Si se acogía a esta figura, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ya no tenía que realizar una audiencia para calificar y determinar la correspondencia de la extradición solicitada por Argentina. Solo hubieran enviado el cuaderno de extradición al Ministerio de Justicia para que el Gobierno proceda a oficializar la extradición.
Situación en la justicia de Argentina del ‘Pequeño J’
La permanencia de Pequeño J en territorio peruano introduce una serie de procedimientos judiciales y diplomáticos que podrían dilatar su regreso a Argentina. Mientras el Gobierno argentino sostiene su expectativa de juzgar al acusado en Buenos Aires por el triple crimen, el proceso en Perú exige cumplir etapas formales que incluyen trámites administrativos, presentaciones judiciales y comunicaciones intergubernamentales. El resultado de estos pasos afecta directamente los plazos para la apertura del juicio en tribunales argentinos.
La captura de Pequeño J responde a la activación de una notificación roja de Interpol, herramienta que permitió su localización y detención en Perú. “Esto implica que esta persona, el Pequeño ‘J’, tiene una orden de captura internacional. A partir de esto, Interpol empieza con su búsqueda para su ubicación y captura. En este caso, ya fue detenido en el estado peruano”, se explicó sobre el operativo que culminó con su arresto.
La extradición solicitada se califica como pasiva, ya que el crimen ocurrió fuera de Perú y el detenido fue ubicado en ese país. El proceso contempla el intercambio de documentos entre la embajada argentina, la Cancillería peruana, la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público y el juzgado peruano competente. En este caso, las comunicaciones se hacen mediante notas diplomáticas. La embajada argentina remite la documentación a la Cancillería peruana, la cual la traslada a la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público, y esta a su vez al juzgado que ordenó la detención preventiva con fines de extradición de ‘Pequeño J’. Ese es el procedimiento que corresponde.
La decisión de internar a Pequeño J en un penal requiere la intervención de un juez peruano. Una vez ejecutada la medida, el Estado argentino dispone de sesenta días para presentar el pedido formal de extradición conforme al tratado bilateral. Cumplido ese plazo, la Corte Suprema de Perú evaluará la legalidad de la solicitud presentada y definirá la continuidad del proceso judicial antes del eventual traslado del acusado.
Pequeño J deberá responder por muerte de 3 mujeres en Argentina
La detención de 'Pequeño J’ ocurrió al sur de Lima tras un operativo coordinado entre la Policía Bonaerense y la dirección Antidrogas de la Policía Nacional de Perú. Tony Valverde era buscado internacionalmente, señalado como presunto autor intelectual del triple femicidio de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi en Florencio Varela. Las autoridades lo interceptaron cuando planeaba reunirse con su colaborador Matías Agustín Ozorio en una plaza de Los Olivos.
La investigación indica que ¿Pequeño J’ se desplazó ilegalmente desde Bolivia y utilizó varios métodos para evadir controles policiales, incluyendo tres celulares y diferentes chips, además de viajar oculto en camiones tras bajarse del micro. Fuentes del caso sostienen que su detención fue posible al monitorear sus dispositivos de comunicación, localizándolo cuando se dirigía a su reunión pactada la noche de su aprehensión.
La hipótesis principal es que el detenido no solo habría planeado los asesinatos, sino que también habría participado en la difusión en tiempo real de los hechos a través de redes sociales, buscando enviar un mensaje a través del horror experimentado por las víctimas. El operativo policial llevó a la detención de nueve personas, entre ellas Ozorio y varios integrantes relacionados con la logística y ejecución de los crímenes. Estas capturas ocurrieron tanto en Argentina como en Perú y Bolivia.
Según la reconstrucción del caso, las víctimas abordaron el vehículo de los agresores creyendo que irían a una fiesta, pero fueron llevadas a un destino fatal. Pruebas como fotografías y mensajes en redes sociales forman parte central del expediente, así como testimonios que señalan el uso de elementos personales y consumo de tusi. El comando policial encontró indicios de que los femicidios fueron trasmitidos en vivo, ampliando la magnitud del crimen.
Actualmente, 'Pequeño J’ enfrenta la solicitud de extradición a Argentina, aunque no aceptó un proceso simplificado, lo que podría dilatar su traslado. El fiscal a cargo del caso mantiene la acusación formal contra él y su entorno más cercano, sosteniendo que la banda pretendía consolidar su control en el negocio narco en zonas clave. La justicia evalúa, además, los lazos internacionales del grupo y su estructura operativa, mientras la causa sigue abierta.
