El cese de operaciones por parte del gremio de transportistas paralizó a Lima y Callao este jueves 2 de octubre, forzando la interrupción de rutas clave y exponiendo a la ciudad a una jornada atípica bajo la sombra de la exigencia principal: mayor seguridad frente a la extorsión y el crimen organizado.
El paro, que dejó al menos 20 mil vehículos fuera de circulación, terminó levantándose tras una intensa reunión en el Congreso de la República.
La decisión de suspender la huelga se tomó después del compromiso formal por parte del Legislativo de encaminar soluciones legales y operativas contra la crisis de inseguridad.
Así, la demanda del gremio, respaldada también por los trabajadores de construcción civil, llegó hasta la Mesa Directiva del Parlamento.
“Las movilizaciones se detienen en tanto se instale una mesa de trabajo donde se hará seguimiento a lo que se ha pactado”, afirmó un vocero de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra).
Acuerdos alcanzados entre transportistas y el Congreso
El resultado de la reunión quedó registrado en un acta de compromiso. El presidente del Parlamento José Jerí firmó junto a los gremios el diseño de una hoja de ruta que contempla el impulso de un proyecto de ley, en un plazo máximo de diez días hábiles, para crear un Grupo de Élite dedicado a combatir la extorsión, delincuencia y sicariato en el sector.
La propuesta de los dirigentes gremiales es que este grupo cuente con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio del Interior (Mininter) y la Fiscalía de la Nación.
“La propuesta legislativa será presentada en un plazo de 10 días hábiles; y, una vez presentada, será atendida con carácter prioritario para ser incorporado a la agenda del Congreso en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles (Trámite parlamentario)”, se lee en el acta firmada.
El documento también estipula la creación de una mesa de trabajo, integrada por representantes gremiales, autoridades del Legislativo y especialistas del sector, destinada a monitorear la efectividad de las acciones legales y operativas pactadas en máximo 10 días hábiles.
“Pedimos que los compromisos firmados se traduzcan en acciones concretas para que los conductores puedan trabajar sin miedo”, declaró un dirigente.
Este acuerdo deja en pausa temporal futuras medidas de fuerza, mientras se desarrollan los mecanismos acordados para frenar la extorsión y el deterioro de la seguridad en el transporte urbano de la capital.
No resolverá el problema
Horas antes, durante la inauguración de la tercera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), la presidenta Dina Boluarte se refirió a la paralización realizada por transportistas el 2 de octubre.
La mandataria cuestionó la medida de fuerza y exhortó a los dirigentes a suspender el paro, al advertir que genera pérdidas económicas tanto para los choferes como para los ciudadanos que dependen del servicio de transporte público.
Según explicó, una paralización de 24 o 48 horas no resolverá los problemas de inseguridad ni el accionar del crimen organizado.
En ese sentido, pidió al gremio optar por el diálogo directo para alcanzar acuerdos concretos en lugar de recurrir a bloqueos y suspensión de servicios.
