Juan Manuel Cavero admite tener investigaciones fiscales, pero no las recuerda: “No tengo detalles”

Nuevo ministro de Justicia así lo reconoció en su declaración jurada, pero no especifica los delitos imputados ni mucho menos el estado en que se encuentran sus casos

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Juan Manuel Cavero Solano es
Juan Manuel Cavero Solano es el sexto ministro de Justicia del Gobierno de Dina Boluarte. Foto: Presidencia

El flamente ministro de Justicia, Juan Manuel Cavero Solano, reconoció en un documento oficial que cuenta con investigaciones fiscales, tal como se advirtieron medios de comunicación tras su juramentación en reemplazo del cuestionado Juan José Santiváñez. Sin embargo, no precisó los pormenores al respecto.

Ni los delitos imputados ni el estado en que se encuentran sus casos (investigación preliminar, investigación preparatoria, acusación o juicio oral) recuerda Cavero Solano, de acuerdo con su declaración jurada que firmó antes de jurar al cargo.

En este documento, el titular de Justicia marcó que “sí” tiene o ha tenido investigaciones fiscales y/o procesos judiciales en calidad de imputado o cómplice. Sin embargo, no rellenó ningún espacio previsto para que detalle el número de expediente fiscal o judicial, el tipo penal atribuido y el estado del caso.

Declaración jurada de Juan Manuel
Declaración jurada de Juan Manuel Cavero Solano.

Juan Manuel Cavero Solano solo usó el último recuadro de la hoja, previsto para hacer alguna aclaración, para justificarse. “No tengo detalles de expedientes”, escribió a puño y letra.

Declaración jurada de Juan Manuel
Declaración jurada de Juan Manuel Cavero Solano.

De acuerdo con la Ley, esta declaración jurada tuvo que haber sido revisada por el premier Eduardo Arana y la presidenta Dina Boluarte antes de proceder con la juramentación del nuevo ministro de Justicia.

La trayectoria del nuevo ministro de Justicia

Juan Manuel Cavero Solano, quien hasta hace poco se desempeñaba como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia, fue designado para el cargo tras la renuncia de Juan José Santiváñez, quien busca participar en las Elecciones 2026. La presidenta le tomó juramento el jueves 2 de octubre.

El perfil académico de Cavero Solano incluye estudios en diversas universidades, mientras que su trayectoria en el Estado incluye cargos en la SUNAT, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), el Gobierno Regional del Callao, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Uno de los episodios más recientes de su paso por la administración pública fue su participación en la remoción de Silvana Carrión de la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato. Como miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE), cargo al que accedió el 30 de agosto por designación de Juan José Santiváñez, Cavero Solano votó a favor de la salida de Carrión bajo la causal de “pérdida de confianza”. Esta decisión se produjo después de que el alcalde Rafael López Aliaga exigiera la destitución de Carrión por no respaldar el discovery contra Brookfield, matriz de Rutas de Lima.

En el ámbito judicial, Cavero Solano también ha enfrentado investigaciones. En septiembre de 2024, solicitó al Gobierno Regional del Callao el beneficio de servicio legal para que la institución cubriera su defensa en una investigación fiscal por presunto abuso de autoridad, falsa denuncia y falsedad genérica durante su gestión como gerente de asesoría jurídica. El Gobierno Regional del Callao accedió a desembolsar 20.000 soles para financiar los servicios del abogado Marcos Silverio Gomero. Según pudo conocer Infobae, la investigación no habría superado la fase preliminar y fue archivada por la Décima Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao en abril de este año.

Por otro lado, en 2018, fue removido de su cargo como director de la Dirección de Circulación y Seguridad Vial de la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta decisión se tomó tras la publicación de un informe de El Comercio que reveló que una persona con problemas visuales podía obtener una licencia de conducir sin restricciones.