A seis meses de las elecciones generales de 2026, la fiscal Milagros Salazar, integrante del Equipo Especial Lava Jato, tiene lista una acusación formal por lavado de activos contra Renovación Popular, el partido liderado por el alcalde de Lima y aspirante presidencial Rafael López Aliaga.
De acuerdo con Hildebrandt en sus trece, la investigación, sustentada en testimonios, documentos y acuerdos de colaboración eficaz, sostiene que la organización política, considerada sucesora jurídica de Solidaridad Nacional, habría canalizado y blanqueado fondos ilícitos provenientes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS durante la campaña municipal de 2014.
El expediente que respalda la acusación se ha construido a partir de declaraciones de colaboradores eficaces, testigos e investigados, y detalla un esquema de financiamiento ilícito que involucra a figuras clave del entorno de Solidaridad Nacional.
El modus operandi, según Fiscalía
Según la investigación fiscal, Martín Bustamante Castillo, entonces dirigente del partido y operador de confianza de Luis Castañeda Lossio, recibió en su departamento de Miraflores sobres con un total de USD 200 mil entregados por Raymundo Trindade Serra, ejecutivo de Odebrecht, y Raul Pereira Neto, apoderado de la concesionaria Rutas de Lima. Bustamante también habría recibido USD 480 mil adicionales de OAS, repartidos en tres entregas ese mismo año.
El modus operandi, descrito por testigos, consistía en la entrega de sobres manila dentro de mochilas de laptop, sin pasar por el sistema bancario. El dinero se habría trasladado a la sede de Telefónica en la Av. Arequipa, donde José Luna Gálvez, entonces secretario general y jefe de campaña, contaba los fajos y los guardaba.
La Fiscalía sostiene que estos fondos se blanquearon mediante su registro como “aportes de campaña” a nombre de terceros, pagos de “honorarios” a Castañeda con cheques de Telefónica y la compra de un vehículo que, aunque figuraba a nombre de Bustamante, era utilizado por el alcalde de Lima.
El dinero de la operación
Bustamante detalló que los USD 200 mil de Odebrecht se distribuyeron en USD 100 mil para Luna, USD 70 mil para José Quispe Lévano (jefe de prensa del partido) y dos entregas de USD 15 mil para Jorge Zegarra Lévano, asesor cercano a Castañeda. Todo el proceso se habría realizado en efectivo y fuera del sistema financiero, con la instrucción de canalizar esos recursos a la maquinaria electoral.
El expediente también describe operaciones como el depósito de 300 milsoles en un banco de Jesús María para pagar paquetes televisivos, seguido de la adecuación de contratos publicitarios a los montos realmente desembolsados y el envío de las pautas a los principales canales de televisión.
En total, la campaña de 2014 de Luis Castañeda Lossio habría recibido USD 980.000 en aportes ilícitos: USD 480.000 de OAS y USD 500.000 de Odebrecht. La fiscalía argumenta que, aunque los fondos provenían de las constructoras brasileñas, terminaron bajo control de la estructura partidaria de Solidaridad Nacional, cuya herencia recae ahora en Renovación Popular.
Renovación Popular es Solidaridad Nacional
La continuidad jurídica entre ambos partidos es un punto central en la acusación. Tras el fracaso electoral de 2020, Solidaridad Nacional convocó a un congreso extraordinario y decidió cambiar su nombre a Renovación Popular en diciembre de ese año, con la actualización del RUC ante la Sunat en septiembre de 2021.
Para el Ministerio Público, este cambio no rompe la responsabilidad legal, ya que se trata de la misma persona jurídica con una nueva denominación. El argumento se apoya en el artículo 1981 del Código Civil, que establece la responsabilidad de la organización por los actos de sus dirigentes. En ese periodo, José Luna ejercía como secretario general, Julio Torres como tesorero, y Jorge Zegarra y Martín Bustamante como operadores partidarios, mientras fluían los fondos ilícitos.
El expediente fiscal también recoge señales de ocultamiento, como informes de la ONPE con aportantes que luego negaron haber donado y reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera que califican como sospechosos los cobros de cheques de Telefónica a favor de Castañeda.
La salida de Silvana Carrión
Con estos elementos, la fiscalía afina su acusación y la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, encabezada hasta hace poco por Silvana Carrión, ha solicitado al Poder Judicial que Renovación Popular asuma, junto con los demás investigados, el pago solidario de 238 millones de soles por concepto de reparación civil.
La solicitud de la Procuraduría para incorporar a Renovación Popular como tercero civil responsable desató una respuesta por parte de López Aliaga, quien exigió públicamente su destitución.
El Consejo Ejecutivo de la Procuraduría General del Estado, bajo la dirección del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, apartó a Carrión del cargo el 5 de septiembre. El extitular de la Cartera presentó su renuncia justo cuando vencía el plazo para que las autoridades dimitieran si deseaban postular en 2026, y diversas fuentes lo vinculan como posible candidato al Senado por Renovación Popular.
El papel del Congreso
En el Congreso de la República, la comisión presidida por Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, investiga el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.
El grupo ha pasado de citar a testigos a investigar a siete personas, entre ellas los fiscales Vela y Pérez, la exprocuradora Carrión, la jueza María Álvarez, los fiscales supremos Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, y el periodista Gustavo Gorriti. Todos figuran bajo sospecha de haber favorecido a Odebrecht con un pacto avalado por el Poder Judicial.
El informe final de la comisión se presentará en octubre, en un contexto en el que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ha propuesto eliminar los equipos especiales del Ministerio Público, comenzando por el de Lava Jato.
