El Congreso de la República anunció este jueves 2 de octubre que el paro de transportistas en Lima quedó suspendido tras una reunión entre gremios del sector y la Mesa Directiva del Parlamento. Los dirigentes fueron recibidos por el presidente del Legislativo, José Jerí, así como por los titulares de las comisiones de Transportes y Seguridad Ciudadana, con quienes acordaron impulsar en un plazo máximo de diez días hábiles un proyecto de ley para la creación de un Grupo de Élite contra la extorsión, la delincuencia y el sicariato.
La decisión fue confirmada por representantes de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) y de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao (CTU), quienes señalaron que, tras el compromiso asumido en el Parlamento, las movilizaciones quedaban detenidas mientras se instale una mesa de trabajo para dar seguimiento a los acuerdos. Durante la mañana, la protesta había generado bloqueos en la avenida Abancay, manifestaciones en la Panamericana Norte y la reducción del transporte público en diversos distritos de la capital.
El paro había sido convocado en respuesta a la creciente ola de extorsiones contra choferes y empresas de transporte, situación que según el gremio ha provocado que cerca del 30% de conductores dejara de laborar. Durante la jornada, varios buses bloquearon la avenida Abancay y se reportaron manifestaciones en la Panamericana Norte y otros puntos de Lima Metropolitana. También se sumaron trabajadores de construcción civil, quienes exigieron medidas frente al avance del crimen organizado.
Con el acuerdo alcanzado en el Parlamento, las unidades de transporte público retomaron sus recorridos y la transitada vía del Centro de Lima quedó liberada.
Acuerdos con el Congreso de la República
La suspensión de la huelga nacional de transportistas urbanos y trabajadores de construcción civil se concretó tras el compromiso oficial del Congreso de la República para impulsar acciones legales contra la crisis de inseguridad. De acuerdo con información de El Comercio, la decisión se tomó luego de que los gremios entregaron sus demandas a la Mesa Directiva del Parlamento, reclamando soluciones frente a la ola de extorsión y delitos que afecta al sector transporte en Lima.
Una de las principales exigencias de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), respaldada por obreros de construcción civil, consistió en la creación de un grupo especial para combatir la delincuencia. El presidente del Parlamento, José Jerí, firmó junto a los representantes gremiales un acta donde se establece un plazo máximo de diez días hábiles para presentar un proyecto de ley que instaure un Grupo de Élite enfocado en enfrentar la extorsión, el sicariato y otros delitos en el ámbito del transporte urbano. Según lo informado por El Comercio, la propuesta plantea la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio del Interior (Mininter) y la Fiscalía de la Nación en el diseño y operación del nuevo equipo.
El acuerdo también estipula que, tras la presentación de la propuesta legislativa, el Congreso de la República la incorporará a su agenda en un lapso no mayor a treinta días hábiles, priorizando el trámite parlamentario. Además, se estableció una mesa de trabajo integrada por delegados públicos, gremiales y especialistas, destinada a monitorear la efectividad de las acciones adoptadas dentro de un periodo máximo de diez días hábiles.
“Pedimos que los compromisos firmados se traduzcan en acciones concretas para que los conductores puedan trabajar sin miedo”, solicitó un dirigente de Anitra en declaraciones recogidas por El Comercio.
El acuerdo alcanzado deja en suspenso nuevas protestas, a la espera del cumplimiento de los mecanismos destinados a frenar la inseguridad que aqueja al transporte urbano limeño.
Dina Boluarte rechazó el paro de transportistas y minimizó su impacto
Durante la inauguración de la tercera sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), la presidenta Dina Boluarte se refirió a la paralización realizada por transportistas el 2 de octubre. La mandataria cuestionó la medida de fuerza y exhortó a los dirigentes a suspender el paro, al advertir que genera pérdidas económicas tanto para los choferes como para los ciudadanos que dependen del servicio de transporte público.
Boluarte también restó impacto a la protesta en la lucha contra la criminalidad. Señaló que una paralización de 24 o 48 horas no resolverá los problemas de inseguridad ni el accionar del crimen organizado. En ese sentido, pidió al gremio optar por el diálogo directo para alcanzar acuerdos concretos en lugar de recurrir a bloqueos y suspensión de servicios.
La jefa de Estado además subrayó que el avance de la delincuencia no es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo o del Congreso, sino un fenómeno que se ha incrementado en los últimos años por la presencia de organizaciones criminales transnacionales. Según dijo, estas bandas operan desde el extranjero y replican dinámicas que también afectan a otros países de la región.
