La presidenta Dina Boluarte tomó juramento hoy al nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. Juan Manuel Cavero Solano es el elegido para reemplazar al cuestionado Juan José Santiváñez, quien adelantó su renuncia ante la censura en el Congreso y para postular en las Elecciones 2026.
Solano cuenta con el título en Derecho y Ciencias Políticas otorgado por la Universidad de Lima y con estudios de Maestría en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico. Además, ha ampliado su formación con especializaciones en Gestión Municipal, Gestión Empresarial con Tecnología de Información, Business Intelligence, Gestión y Evaluación de Programas y Proyectos y Derecho Administrativo.
Ha desempeñado cargos de responsabilidad directiva en gestión pública como Intendente Nacional de Asesoría Legal Interna en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – Sunat, Gerente Central de Asesoría Jurídica en la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos – Emape, Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica en el Gobierno Regional del Callao, Subdirector de Sanciones en la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao – ATU, Gerente de Supervisión y Fiscalización en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, Presidente del Consejo Directivo del Servicio de Administración Tributaria – SAT, Especialista legal en Tributación Municipal en la Dirección General de Ingresos Públicos del MEF, entre otros.
La ceremonia de juramentación se realizó este jueves 2 de octubre en la Sala Elésperu de Palacio de Gobierno, solo horas después de que Santiváñez dimitiera intempestivamente el último miércoles en horas de la mañana.
Contra él había una moción de censura, pero la Mesa Directiva dilató el debate y votación hasta el viernes 3 de octubre. Principalmente, se buscaba su destitución porque ya había sido censurado por su fracaso como ministro del Interior y porque arrastra 12 investigaciones fiscales.
La gestión de Santiváñez en el Ministerio de Justicia acaba tras solo 40 días, tiempo en el que se removió a Silvana Carrión de la Procuraduría Pública Ad Hoc del caso Lava Jato y se canceló el convenio entre el Inpe y la Marina de Guerra.
Censura inminente
El anuncio de la renuncia de Juan José Santiváñez al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se produjo en un contexto marcado por la inminente discusión parlamentaria de una moción de censura en su contra, pero la decisión del funcionario ya había sido formalizada horas antes mediante una carta dirigida a la presidenta Dina Boluarte. En el documento, Santiváñez expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su persona y comunicó su intención de participar como candidato en las elecciones generales previstas para abril de 2026, aunque sin precisar inicialmente bajo qué modalidad buscaría un escaño.
En su carta de renuncia, Santiváñez manifestó: “Debo expresarle mi mayor agradecimiento por la confianza depositada en mi persona para el desempeño de tan digno cargo en el Estado, ha sido todo un privilegio ser parte del Gabinete Ministerial que usted lidera y me siento profundamente honrado de haber contribuido con su visión de Gobierno”, según el texto presentado a la presidenta Dina Boluarte. Además, confirmó: “La razón que motiva mi decisión es el anhelo de participar como candidato en las próximas elecciones democráticas a llevarse a cabo en abril de 2026”.
La renuncia de Santiváñez se conoció minutos después de que el Congreso confirmara que el viernes 3 de octubre se debatiría y votaría la moción de censura presentada en su contra. Según fuentes de Alianza para el Progreso (APP) citadas por Infobae, el exministro habría decidido sumarse a la lista de esta agrupación política, fundada por César Acuña, para postular al Senado en los próximos comicios. Aunque se mencionaron conversaciones previas con Renovación Popular, la información recogida por el medio indica que su candidatura se concretaría finalmente con APP, partido que, además, adelantó que no respaldaría la censura de ningún ministro.
La moción de censura contra Santiváñez surgió a raíz de una serie de cuestionamientos políticos, éticos y judiciales relacionados con su desempeño en la función pública. Legisladores de distintas bancadas argumentaron que el entonces ministro no reunía las condiciones mínimas de idoneidad, confianza y probidad requeridas para liderar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entre los motivos principales expuestos en el documento parlamentario figuró su reciente reincorporación al gabinete, apenas unos meses después de que el propio Congreso aprobara una censura en su contra cuando ocupaba el cargo de ministro del Interior. Para varios congresistas firmantes, este retorno fue interpretado como una vulneración al “espíritu de la censura parlamentaria”, al considerar que el Ejecutivo desconoció una decisión política sancionadora y debilitó el equilibrio democrático entre poderes.
El texto de la moción calificó la gestión de Santiváñez en el Ministerio del Interior como “desastrosa”, citando la falta de resultados concretos y la ineficacia en la lucha contra la delincuencia. Datos oficiales respaldaron esta evaluación: los homicidios aumentaron de 1.506 en 2023 a 2.057 en 2024, lo que representa un incremento superior al 30% según SINADEF. Además, la tasa de denuncias de extorsión creció 438% respecto a 2019, y diversas encuestas nacionales reflejaron que la percepción de inseguridad alcanzó el 84% en marzo de 2025. Los parlamentarios señalaron que la reiterada declaración de estados de emergencia no produjo impactos sostenibles, por lo que la conducción del sector no cumplió con las expectativas de la ciudadanía ni del Legislativo.
A los cuestionamientos sobre su gestión se sumaron procesos judiciales abiertos en su contra. La moción detalló la existencia de una investigación por tráfico de influencias agravado, que implica un impedimento de salida del país por 18 meses; una acusación de abuso de autoridad por presunto hostigamiento a un periodista; y el caso denominado “El Cofre Presidencial”, en el que se lo vincula con la fuga de Vladimir Cerrón. El documento también mencionó una orden de allanamiento judicial y la existencia reconocida de doce carpetas fiscales que investigan delitos como lavado de activos, malversación de fondos, negociación incompatible y encubrimiento personal.
