La Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas (CORPI SL) denunció este 2 de octubre la incursión violenta de una ronda armada en territorio de la Nación Shiwilu, en la región Loreto. El hecho ocurrió en la zona conocida como Gallinero, donde integrantes armados de la ronda de Jeberillos ingresaron al territorio comunal y secuestraron a 17 personas de la Comunidad Nativa 7 de Febrero, ubicada en Shoroyacu.
Según el pronunciamiento oficial de la organización indígena, los agresores portaban escopetas y actuaron de forma violenta. A raíz de los hechos, la jefa comunal Consuelo Chota Lancha se vio obligada a refugiarse por temor a represalias y amenazas contra su vida.
La organización CORPI SL ha calificado este ataque como “una grave vulneración a la autonomía territorial” y ha exigido la intervención urgente de las autoridades para evitar un escenario de mayor conflictividad.
Un conflicto que se arrastra desde agosto
La organización recordó que esta agresión no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un conflicto más amplio vinculado a la ocupación ilegal de tierras. En agosto de este año, asociaciones externas ingresaron al territorio Shiwilu bajo el argumento de “ejecutar proyectos de conservación”, pero sin consentimiento ni coordinación con la población originaria.
CORPI SL advirtió en ese entonces que estas acciones ponían en riesgo la paz social, la vida espiritual, la autonomía comunal y el equilibrio ambiental del pueblo Shiwilu. La denuncia de ahora confirma que ese riesgo se ha materializado en una escalada violenta, con secuestros y amenazas contra líderes indígenas.
“Advertimos entonces que esta situación podía desencadenar graves tensiones”, señalaron en su comunicado. La ausencia de respuesta estatal ha permitido que el conflicto escale hasta el punto de poner en peligro directo la integridad de las familias indígenas.
La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) advirtió en 2023 que en el distrito de Jeberos, donde radica esta comunidad, existe una ausencia casi total de autoridades estatales, puesto que a penas había un alcalde, no cuentan con subprefectura, comisaría ni órganos judiciales, lo que deja los delitos en la impunidad y, en muchos casos, sin denuncia alguna.
Comunidades exigen garantías al Estado y detener las invasiones
CORPI SL exige acciones inmediatas por parte del Gobierno Regional de Loreto, la Defensoría del Pueblo y la Agencia Agraria de Alto Amazonas. Entre las principales demandas están:
- Detener las invasiones ilegales de territorio comunal.
- Garantizar la seguridad de la Comunidad 7 de Febrero y de toda la Nación Shiwilu.
- Asegurar el avance del proceso de titulación territorial actualmente en curso.
- Proteger la vida e integridad física, espiritual y cultural de los comuneros y sus líderes.
En el pronunciamiento, se responsabiliza directamente al Estado por la situación de riesgo que atraviesan las familias Shiwilu y se hace un llamado a la opinión pública para no guardar silencio ante la violencia contra pueblos indígenas.
“La inacción frente a estas agresiones sería complicidad con la violencia y la injusticia. Las autoridades deben actuar de inmediato para proteger lo que es sagrado: su tierra, su vida y su futuro”, advirtió la organización.
