El litoral peruano atraviesa un momento decisivo. Los integrantes de las asociaciones de pescadores artesanales de la provincia de Paita en Piura iniciaron una huelga por intereses en la pota, para los días 30 de setiembre y 01 de octubre, mientras el Ministerio de la Producción (PRODUCE) anuncia una cuota récord de captura para 2025 y, en paralelo, el Congreso impulsa un nuevo Reinfo pesquero. Tres hechos que conciernen al futuro de la pesca artesanal peruana.
El paro convocado en Piura refleja la presión creciente de los pescadores artesanales, que exigen más cuota para poder sostener sus actividades frente a los costos de combustible, hielo y mantenimiento de sus embarcaciones. La protesta se da justo después de que PRODUCE fijara en 559.804 toneladas la cuota de calamar gigante para el próximo año, una de las más altas de nuestra historia. PRODUCE asegura que la decisión está respaldada en informes de IMARPE que muestran recuperación del stock y un mayor peso promedio de los ejemplares. Sin embargo, más allá de los números, queda una interrogante: ¿Qué medidas de control acompañarán esta cifra sin precedentes? Una cuota récord puede ser motivo de optimismo, pero sin una capacidad de supervisión efectiva se corre el riesgo de convertirse en una apuesta temeraria.
A este escenario se suma la propuesta legislativa para reabrir el proceso de formalización de pescadores artesanales, conocido como el Reinfo pesquero. La iniciativa busca formalizar a embarcaciones artesanales que quedaron fuera del proceso de SIFORPA II. La intención puede sonar inclusiva, pero ha despertado rechazo tanto en los gremios como en los especialistas, que coinciden en advertir tres problemas: premia a quienes no cumplieron en su momento con la normativa, genera un incentivo perverso frente a quienes sí siguieron las reglas, y abre la puerta a que más barcos compitan por un mismo recurso cuya sostenibilidad ya está bajo presión.
A ello se suma una capacidad de pesca ya desbordada, con alrededor de cuatro mil naves artesanales en actividad. Pretender ampliar aún más esa flota sin un marco que combine orden, control y una verdadera capacidad de supervisión con mecanismos efectivos no es inclusión, sino una amenaza directa a la sostenibilidad de nuestros recursos hidrobiológicos.
No se trata de desconocer las demandas sociales. La pesca artesanal sostiene a miles de familias y es, en muchos casos, la única fuente de ingresos para comunidades costeras. Su reclamo de acceso y oportunidades es legítimo. Pero un país serio no puede permitir que la distribución de cuotas o la apertura de registros sea resultado exclusivo de la presión en las calles. La sostenibilidad de la pota, nuestro recurso estrella, debe regirse por el principio de precaución. No hay seguridad alimentaria posible si agotamos los bancos marinos en nombre de una solución inmediata.
Las huelgas, la cuota récord y el debate del Reinfo no son hechos aislados, sino expresiones de una misma debilidad en la gobernanza pesquera. En este escenario, el Congreso y el Ejecutivo deben comprender que convertir la gestión de los recursos en una bandera populista no solo es irresponsable, sino riesgoso para el futuro del sector. El verdadero reto es legislar con una mirada que asegure la sostenibilidad del recurso, el orden en las actividades, la generación de empleo digno, la formalidad y una fiscalización efectiva.
El mar peruano es generoso, pero no inagotable. La gran lección de esta coyuntura es que el futuro de la pesca artesanal, y de las familias que dependen de ella, se definirá en la capacidad de tomar decisiones serias, basadas en evidencia científica y con una visión de largo plazo. Al mismo tiempo, estas crisis revelan que la falta de una supervisión y fiscalización sólidas convierte cualquier decisión que no considere ello previamente, en un riesgo directo para la sostenibilidad de la pota, un recurso vital para la alimentación y la economía del país.
