Con 51 votos a favor, 14 en contra y 6 abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó este miércoles la acusación constitucional contra Betssy Chávez por los presuntos delitos de negociación incompatible y tráfico de influencias. La decisión se tomó durante la sesión realizada desde las 15:00 horas, en la que se debatió el informe final elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
La medida fue sustentada en la denuncia 355, presentada en abril de 2023 por la Fiscalía de la Nación, en ese entonces a cargo de Patricia Benavides. El documento señala que, en calidad de exministra y suspendida congresista, la funcionaria habría favorecido con puestos en el Estado a familiares de su expareja, Abel Sotelo Villa. El informe establece que las contrataciones no guardaban relación con el interés institucional y habrían respondido a intereses ajenos, particularmente, al entorno familiar de Sotelo Villa.
“Se ha determinado la existencia de indicios razonables respecto a la conduta atribuida a Betssy Chávez, quien habría dispuesto la contratación de los hermanos de la entonces pareja presidencial. Dicha contratación se encuentra sustentada en la declaración de los involucrados, quienes reconocen haber sido contratados por disposición de la congresista. […] La denunciada también reconoce haber ordenado las contrataciones”, mencionó la presidenta de la SAC, Lady Camones.
Durante la sesión plenaria, la defensa de Chávez, encabezada por el abogado Raúl Noblecilla, tuvo la oportunidad de exponer sus argumentos. En lugar de responder a las imputaciones, se dedicó a enaltecer la imagen de la expremier y el golpista Pedro Castillo, así como cuestionar a Patricia Benavides y Alberto Fujimori.
“Hay que recordar quién fue Patricia Benavides, el alfil de la conspiración para que llegara un 7 de diciembre para derrocar el voto popular. Es aquella fiscal que instaló ese equipo de especial contra la corrupción en el poder, dirigido contra Pedro Castillo y los referentes de izquierda. […] Betssy Chávez a pesar del secuestro político ha intentado hacer defensa en los múltiples escenarios en los cuales se les persigue políticamente, al igual que a Pedro Castillo”, esbozó durante parte de su intervención.
Informe aprobado refiere que la exfuncionaria habría intervenido para que Antonio Sotelo Calderón, padre de Abel Sotelo, accediera a cargos dentro del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri). Además, la entonces parlamentaria facilitó contrataciones de Marco Antonio Sotelo Villa y Flor de María Sotelo Villa, hermanos de Sotelo, en su propio despacho congresal.
Cabe mencionar que si bien la suspendida funcionaria negó tener una relación con Sotelo, se difundió un video en el que se les ve dándose abrazándose y dándose un beso durante la celebración de un cumpleaños.
Aunque la decisión del Congreso no implica una sentencia judicial, sí abre el camino para una investigación fiscal y un eventual enjuiciamiento de los hechos. El Ministerio Público será responsable de iniciar las diligencias formales en el marco de la investigación penal, según lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución y las leyes vigentes.
