Petroperú informó que las manchas de petróleo detectadas cerca de la plataforma PN14, en el mar de Cabo Blanco (Talara, Piura), no guardan relación alguna con sus actividades operativas.
La empresa estatal, que administra actualmente el Lote Z-69, difundió un comunicado en el que subraya que tras una inspección submarina se determinó que la emanación proviene directamente del lecho marino y no de instalaciones o procesos asociados al lote a su cargo.
Petroperú descarta responsabilidad en derrame de Cabo Blanco
De acuerdo con Petroperú, la plataforma PN14 se encuentra inoperativa desde la transición de la administración en noviembre de 2023, cuando asumió temporalmente el control tras la salida de Savia Perú, compañía que operó el bloque durante tres décadas. La empresa también señala la existencia de antecedentes de afloramientos naturales de crudo en esa zona del mar, ya reportados anteriormente a las autoridades por el operador previo.
Desde que se detectaron las manchas, Petroperú notificó de inmediato al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Capitanía de Puerto de Talara y Osinergmin, órganos responsables del control ambiental y la seguridad en el sector energético. Estas entidades supervisan el área afectada y realizan el monitoreo y la recolección de muestras de agua superficial para su análisis en laboratorios acreditados, de acuerdo con el protocolo ambiental vigente.
OEFA inicia supervisión tras hallazgo de hidrocarburos en Talara
El jefe del OEFA en Piura confirmó el inicio de una supervisión ambiental en la plataforma PN14 y su entorno marino para determinar el origen del hidrocarburo, la magnitud del incidente, eventuales impactos sobre el ecosistema y las responsabilidades correspondientes. Los antecedentes muestran que la zona ha registrado derrames de manera recurrente en los últimos años, lo que mantiene en alerta tanto a la población local como a organizaciones ambientales.
Las tareas de fiscalización ambiental buscan identificar el nivel de contaminación y los riesgos para los ecosistemas marinos y las comunidades costeras que dependen de estos recursos, en un contexto donde la actividad petrolera enfrenta cuestionamientos por la antigüedad y estado de los pozos y plataformas.
Lote Z-69 también enfrenta falta de operador privado
El incidente ocurre en medio de la incertidumbre por el futuro del Lote Z-69, cuya licitación internacional para un nuevo operador fue declarada desierta hace dos semanas. Desde noviembre de 2023, Petroperú opera el lote bajo un régimen transitorio que restringe su capacidad para nuevas inversiones o asociaciones, mientras continúa la evaluación del proceso y las condiciones para un nuevo concurso.
El Lote Z-69, anteriormente conocido como Z-2B, abarca más de 127.000 hectáreas frente a Talara, Paita y Sechura. El modelo de licitación exigía la perforación de al menos un pozo exploratorio profundo y la intervención de decenas de pozos entre 2025 y 2035, además de la asunción de plataformas obsoletas.
Según datos de Perupetro, la producción promedio en agosto de 2025 fue de 3.273 barriles diarios, lejos del máximos registrados en la década de 1990. Más del 50% de las plataformas han sido identificadas como candidatas a abandono, lo que evidencia el deterioro de la infraestructura petrolera de la zona.
El esquema propuesto imponía una regalía superior a la vigente y pagos adicionales, condiciones que no resultaron atractivas a potenciales inversionistas. Esta situación deja al Estado y a Petroperú con el reto de asegurar la continuidad productiva del lote, la seguridad ambiental y el cumplimiento de los estándares internacionales en la gestión de recursos.
