Una nueva paralización del transporte público dejará fuera de circulación mañana, jueves 2 de octubre, a por lo menos 10 mil vehículos, entre buses, custer y combis, en Lima y Callao, según confirmaron representantes gremiales.
La suspensión de actividades, convocada por más de 450 empresas, responde a la falta de respuestas estatales frente a la creciente ola de inseguridad que impacta de forma directa a conductores y pasajeros, en un contexto donde la extorsión y la violencia son motivo de alarma cotidiana.
La razón principal que lleva a empresas del sector a paralizar este jueves el servicio reside en la ausencia de acciones concretas por parte del Estado para frenar actos de extorsión, asesinato y sicariato.
La decisión se originó en una asamblea de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao. Héctor Vargas, quien encabeza la organización, declaró a RPP Noticias que la medida es resultado de una “falta de voluntad política” y la inexistencia de propuestas efectivas ante los crímenes que sacuden al gremio.
Vargas agregó: “Vemos con mucha preocupación que nuestros compañeros transportistas están saliendo a marchar y no haya una autoridad, alguien que corrija, reciba, converse y proponga alternativas de solución”.
Respaldo a la protesta
La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) remarcó que más de 450 empresas cesarán este jueves sus actividades. El efecto directo es la paralización de al menos 10 mil unidades, de acuerdo con cálculos confirmados por los gremios.
De manera adicional, las empresas formalmente movilizadas han extendido su llamado a otros sectores, solicitando que se sumen ante lo que consideran un problema transversal.
En la asamblea celebrada el lunes 29 de septiembre por la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, además de aprobar el paro, se decidió presentar una iniciativa legislativa.
Al respecto, Vargas explicó: “Estamos presentando una propuesta que pueda significar un antes y un después: la creación de una unidad de élite compuesta casualmente por la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial. Pero una unidad de élite que sea representado por lo mejor que pueda tener esas instituciones...”.
Pedidos de acción
El jueves, representantes del gremio concurrirán al Congreso de la República, donde prevén entregar su propuesta de ley orientada a la constitución de dicha unidad especializada en enfrentar la criminalidad asociada al transporte.
La expectativa es lograr el respaldo de congresistas de distintas bancadas. Vargas solicitó expresamente la presencia de voceros de todos los partidos, instando a que se discuta y atienda un “clamor ciudadano” en sus propios términos.
De acuerdo con lo señalado por el dirigente, la confianza en las autoridades actuales se ha perdido por completo. La Policía Nacional, mencionó, “incumplió con instalar cámaras y patrullaje sectorizado”, mientras las amenazas a los conductores han aumentado en lugar de disminuir.
Se suman al paro
Voceros de Anitra confirmaron a Exitosa que el respaldo al paro supera las 450 empresas. Entre las compañías que paralizarán se encuentra la empresa de transportes Santa Catalina, líneas B y C, la cual padeció ataques armados relacionados con la extorsión, siendo uno de los ejemplos de la presión violenta que se denuncia en todo el sector.
Fuentes del gremio relataron casos donde delincuentes abrieron fuego contra instalaciones de la empresa, en incidentes ocurridos frente a trabajadores y pasajeros.
De producirse la paralización general del jueves, Lima y Callao experimentarán un “impacto total sobre el servicio de transporte”, advirtieron los organizadores.
En respuesta, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció la implementación de desvíos y el despliegue de patrullas policiales para paliar el déficit de movilidad. El mismo organismo anticipó la utilización de buses policiales a fin de facilitar el traslado de pasajeros en las rutas más demandadas.
Durante el día del paro, los transportistas descartaron acciones previas de protesta, aunque confirmaron que cientos de ellos acudirán al Congreso para entregar personalmente su propuesta, resaltando que no se identifican con ninguna agrupación política y que buscan sumar a más actores en defensa de la seguridad pública.
Propuestas y demandas
A través de la medida anunciada para el jueves, el sector del transporte urbano busca forzar la reacción de las autoridades. La exigencia central se resume en “parar por salvar la vida, no solamente del sector transporte, sino de otros sectores de la economía y, sobre todo, del público usuario”, afirmó Héctor Vargas.
Para los dirigentes, el valor de proteger la integridad de conductores y pasajeros supera cualquier consideración económica.
Fuentes gremiales insisten en que la lucha ante “un gobierno indolente, contra una primera mandataria que no sabe lo que es ejercer liderazgo” cuenta ya con amplio respaldo de sindicatos y asociaciones vinculadas al transporte. Frente a la falta de respuesta estatal, el sector define este paro como un “llamado de atención” para toda la estructura política y administrativa del país.
