El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, expresó ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso su preocupación por la implementación del voto digital en las Elecciones Generales de 2026. Señaló que este sistema, previsto para más de 2 millones de electores, enfrenta dudas sobre su viabilidad debido al poco tiempo para su supervisión.
“Vamos a tomar la decisión de si esto continúa o no porque, lo que no queremos es que por una falta de confianza o por un incipiente desarrollo informático, este voto digital fracase en este proceso electoral. Y no queremos que suceda eso, más bien todo lo contrario, que poco a poco se vaya desarrollando en el país”, afirmó el titular del JNE.
Las inquietudes crecen porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), encargada de la puesta en marcha del sufragio virtual, aún no cuenta con la empresa auditora que deberá verificar la seguridad y eficacia de la tecnología. Además, desde que en marzo se oficializó por ley su uso, el plazo de preparación se considera limitado.
Dos millones de votos para un piloto
Durante su intervención, Burneo advirtió que la experiencia internacional demuestra que las pruebas de voto digital suelen realizarse con grupos pequeños de votantes, lo que contrasta con el caso peruano. “Este va a ser un piloto con más de dos millones de personas, lo cual sí nos genera mucha preocupación considerando que es la primera experiencia en cuanto al voto digital”, declaró.
Por su parte, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, explicó que la decisión de ampliar el universo de votantes en el piloto peruano responde a una obligación legal. En total, más de dos millones de electores distribuidos en 11 grupos priorizados estarían habilitados para votar digitalmente en 2026.
El funcionario precisó que, en particular, el voto digital busca asegurar el secretismo del sufragio de policías y militares, ya que para este sector el uso de esta modalidad es una exigencia establecida en la ley.
Proceso de auditoría en curso
Corvetto informó además que se espera cerrar en la tercera semana de octubre la contratación de la auditoría externa que exige la normativa sobre voto digital. Este proceso se encuentra en desarrollo y busca garantizar que el sistema cumpla con los requisitos de seguridad.
Según los datos expuestos ante la comisión parlamentaria, la ONPE ha enviado hasta la fecha 31 cartas a potenciales empresas auditoras, de las cuales 11 fueron internacionales. De ese total, seis compañías mostraron interés y tres realizaron consultas.
La ausencia de un auditor hasta ahora refuerza las dudas sobre si el voto digital podrá aplicarse plenamente en las elecciones generales de 2026, considerando los plazos que restan para su preparación y validación.
Plan de contingencia de la ONPE
Ante la posibilidad de que el voto digital no se concrete, la ONPE cuenta con un plan alternativo. Este consiste en la entrega de una cédula física exclusiva para que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no pierdan su derecho al sufragio.
De esta manera, el organismo electoral busca garantizar que, independientemente de las dificultades técnicas o logísticas, el personal militar y policial pueda ejercer su voto en las elecciones de 2026.
