El incremento de la inseguridad ciudadana ha generado un nuevo temor a la ciudadanía, que ahora considera posible un escenario en el que la influencia de las economías ilegales manche los resultados de las Elecciones 2026 en el Perú.
Según el informe más reciente del Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP, publicado esta mañana, el 78% de los peruanos considera probable que el dinero procedente de actividades criminales incida en los resultados electorales del próximo año.
El estudio, realizado en colaboración con Ipsos, reveló que solo el 20 % de los ciudadanos del Perú considera que, pese al avance de la extorsión, el sicariato, la tala ilegal de árboles, y la minería ilegal, ninguna de ellas tendrá influencia en los resultados de los comicios.
En el caso de la percepción de los ciudadanos por región, las cifras de Lima son las más elevadas. El 84 % de ciudadanos limeños consideran que es “muy probable” o “bastante probable” que las economías ilegales tengan influencia en los resultados de la elección del próximo presidente, diputados y senadores. Al interior del Perú, 75 % de los ciudadanos tiene la misma opinión.
Peruanos no confían que el próximo gobierno controle la inseguridad
Solo el 11 % de los encuestados confía en que la nueva administración conseguirá mejorar la seguridad, mientras que el 46% prevé un empeoramiento de las condiciones actuales.
Ricardo Valdés, coautor del informe y exviceministro del Interior, resaltó la importancia de la información y el voto responsable. “Estamos recogiendo percepciones ciudadanas que expresan temor y desconfianza. Frente a ello, será clave que la población pueda informarse, votar de manera consciente y elegir autoridades comprometidas con enfrentar este desafío”, sostuvo.
Criminalidad y percepción de inseguridad
La inseguridad se intensifica con el aumento de los delitos violentos. Entre enero y agosto de 2025, las denuncias por extorsión alcanzaron las 18.385, un incremento del 29% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este delito, según el Observatorio, ahora afecta a diversas regiones y, en numerosos casos, está vinculado al uso de explosivos.
El informe añade que casi siete de cada diez víctimas de homicidio este año tenían menos de 40 años, siendo transportistas, obreros y pequeños comerciantes los colectivos más afectados.
Estos niveles de criminalidad no solo alteran la percepción social, sino que tienen un impacto directo en la economía familiar. El estudio señala que el 18% de los peruanos —equivalente a 3,5 millones de personas— sufrió robos al realizar pagos, retiros o transportar dinero en los últimos tres meses.
Ante este escenario, seis de cada diez hogares han invertido en refuerzo de puertas y ventanas, instalación de cámaras de seguridad y organización de sistemas de vigilancia vecinal. Sin embargo, cuatro de cada diez familias siguen sin adoptar ninguna medida de autoprotección, lo que evidencia la vulnerabilidad persistente en una parte considerable de la población.
Frente al avance de las economías criminales y su posible impacto en el proceso electoral, los expertos involucrados en el informe destacan la urgencia de fortalecer la acción estatal.
Carlos Basombrío, también coautor y exministro del Interior, explicó que la experiencia internacional demuestra que solo una acción estatal decidida, con mayor capacidad de inteligencia, tecnología y recursos para la justicia, puede disminuir el impacto de la criminalidad en la sociedad peruana.
