La reciente propuesta de la Municipalidad de Lima de construir puentes aéreos en San Juan de Lurigancho (SJL), impulsada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha generado una fuerte advertencia por parte del Corredor Morado y de expertos en movilidad urbana. Según las empresas concesionarias del Corredor Morado, la iniciativa favorecería principalmente a los autos colectivos y al transporte privado, en detrimento del sistema de buses y de los miles de usuarios que dependen del transporte público en una de las zonas más pobladas de la capital.
Estas compañías, tal como explica La República, bajo el lema ‘Obras debidamente sustentadas, sí; improvisación, no’, han manifestado que la construcción de los puentes aéreos eliminaría los carriles exclusivos para buses, lo que afectaría a más de 2.000 unidades de transporte público que circulan diariamente por esas vías.
Gerardo Hermoza, representante del Corredor Morado, explicó al diario que el proyecto otorga prioridad al automóvil sobre el transporte masivo y desplaza a los buses a carriles auxiliares, donde compiten con autos, mototaxis y otras unidades informales.
También señaló que no se han realizado estudios para determinar cuántas personas utilizan el transporte público frente al privado, ni se ha evaluado la capacidad del transporte informal, especialmente los autos colectivos, que serían los principales beneficiados.
La preocupación del Corredor Morado se extiende a la falta de fiscalización sobre los autos colectivos, que ya invaden los carriles exclusivos sin sanción, y al mal estado de las avenidas principales de SJL, sumado a una gestión deficiente de los semáforos. Estas condiciones, según Hermoza, agravan la vulnerabilidad del transporte público frente a la expansión de la informalidad y la priorización del vehículo particular.
El proyecto, anunciado en diciembre de 2023 como parte de un plan de 60 obras para Lima, contempla la construcción de puentes elevados o vías rápidas en avenidas clave de SJL, como Wiesse y Próceres de Independencia. La Municipalidad de Lima sostiene que la medida busca aliviar la congestión vehicular y mejorar el tránsito, pero la falta de información pública sobre los diseños y la ausencia de estudios técnicos han despertado preocupación entre operadores y especialistas.
El medio detalla que el contrato para estas obras asciende a casi S/500 millones, una cifra que no se justificaría sin un análisis integral de movilidad que priorice a la mayoría de ciudadanos.
Especialistas coinciden con el Corredor Morado
Expertos en urbanismo y movilidad han respaldado estas críticas. Por ejemplo, Aldo Facho Dede, cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas, declaró a La República que proyectos como los puentes elevados en SJL solo trasladan los cuellos de botella a otros puntos de la ciudad y no resuelven el problema de fondo.
Recordó, además, experiencias previas en Lima, como el óvalo Monitor y el bypass 28 de Julio, que no lograron mejorar el tránsito y terminaron siendo soluciones temporales que no priorizaron el transporte masivo.
Por su parte, Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar, advirtió que sería un error enfocar la obra solo en el transporte privado y recomendó que la Municipalidad de Lima coordine con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para aprovechar la presencia de servicios expresos de los corredores Morado y Rojo en la zona, subrayando que la prioridad debe ser el transporte público.
En este contexto, el Corredor Morado ha solicitado la intervención de la Fiscalía de Prevención de Delito y de la Contraloría para que, junto a su personal, se realice un levantamiento de información que permita determinar la necesidad real de los puentes aéreos.
