La exalcaldesa de Lima Susana Villarán (2011-2014), quien enfrenta un pedido fiscal de 29 años de prisión por presuntamente haber recibido millonarios aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS, afirmó este miércoles que su juicio tiene motivaciones políticas, ya que “no hizo un gobierno a favor de los poderosos”.
En breves declaraciones a la prensa en los exteriores del Poder Judicial durante el segundo día del proceso, Villarán cuestionó la acusación del Ministerio Público y afirmó que, junto a su defensa, desmontará los cargos.
“Me apena muchísimo que se haya olvidado el fiscal, el procurador, de los pobladores de la margen izquierda del río Rímac: más de dos mil quinientas familias que recibieron compensaciones justas justamente para renegociar un contrato que había hecho el alcalde Castañeda en el 2009”, señaló.
“El 65 % de los peajes de Lima los entregó Castañeda en el 2009. Y negoció una tarifa que se iba a ir incrementando periódicamente después de mi gestión, en la adenda número dos. Quiero dejarlo claro”, agregó.
Castañeda, tres veces alcalde de Lima, es el mentor político del actual burgomaestre Rafael López Aliaga y lideró Solidaridad Nacional, agrupación que luego cambió su nombre a Renovación Popular.
Villarán mencionó además que le parece positivo que Leão Pinheiro, expresidente de OAS, y Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, “lleguen y que hablen” ante el tribunal. “Vamos a desbaratar uno por uno los cargos”, zanjó.
De acuerdo con el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, Villarán pactó con Odebrecht y le otorgó la concesión del cobro de peajes en grandes vías de Lima a cambio de que la empresa le entregue “un pago ilícito de tres millones de dólares”.
También señaló que la administración de la exalcaldesa intentó beneficiar directamente a OAS con la firma de una adenda que amplió a cuatro décadas la administración de una gran vía con túneles y peajes, sin contar con el respaldo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas.
“Esta adenda y, como ocurrió con Odebrecht, se firma sin la opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, con un incumplimiento de un requisito legal en relación con las asociaciones público-privadas”, sostuvo.
Detalles del proceso
El tribunal ha admitido recibir el testimonio de 378 testigos ofrecidos por el Ministerio Público, entre los que se encuentran Barata, además de excongresistas, exministros, actores y artistas peruanos.
Poco antes del inicio de la audiencia de instalación del juicio, Villarán ratificó que sí recibió financiación de Odebrecht y OAS, pero dijo que lo hizo porque “había mucho en juego, había un intento de asalto a la Municipalidad de Lima, a frenar las reformas”.
“Había que dar ese paso. Yo lo di”, aseguró antes de remarcar que solo ella y su entonces general municipal, José Miguel Castro, principal testigo del caso que murió en su vivienda familiar en junio pasado en circunstancias todavía no esclarecidas, supieron de esos aportes.
A pesar de ello, la exalcaldesa aseguró que probará en el juicio que no es responsable de los cargos que se le imputan.
Antes del inicio de la audiencia de apertura del juicio, el fiscal Pérez declaró a periodistas que el tribunal debería realizar audiencias diarias para acelerar el proceso y Villarán admitir su responsabilidad penal. “Si ella quiere hacerle bien al país, que ahorre este juicio y que solo se discuta la pena”, sostuvo.
Al término de la sesión, el tribunal informó que la siguiente sesión se desarrollará el próximo 6 de octubre, con los alegatos de la Procuraduría y la exposición de la defensa de la exalcaldesa.
