En las playas de la región Ica, donde el mar deposita toneladas de algas que luego son secadas al sol por pescadores artesanales, se libra una disputa que combina intereses económicos millonarios, pugnas por el territorio y denuncias de prácticas ilegales. A pesar de que la normativa exige licencias industriales para procesar este recurso marino, dos compañías de capital chino continúan liderando el mercado nacional sin contar con la autorización correspondiente.
De acuerdo con una reciente investigación de Mongabay Latam, la situación refleja un vacío de fiscalización que ha permitido a estas empresas crecer y concentrar la mayor parte de las exportaciones hacia China, país que en 2024 recibió el 95.5 % de las más de 24 mil toneladas de algas secas que salieron de Perú. El negocio, valorado en millones de dólares, se sostiene sobre una cadena en la que confluyen recolectores informales, intermediarios y acopiadores que “blanquean” cargamentos de dudosa procedencia.
La disputa por un recurso codiciado en Ica
Las algas marinas se han convertido en un insumo estratégico en la industria global. Son empleadas en la producción de fertilizantes, medicamentos, cosméticos y suplementos, pero su mayor demanda proviene del alginato, un compuesto usado como espesante en productos tan comunes como pastas dentales, yogures y gelatinas. En el mercado internacional, su precio llegó a superar los 4.400 dólares por tonelada seca en 2014, y aunque hoy es menor, sigue representando una actividad rentable.
El auge de este recurso transformó las costas de Ica en un escenario de tensiones. Según relataron pescadores locales a Mongabay Latam, los intentos de invasión, amenazas y hasta enfrentamientos armados marcaron los años más críticos de la pandemia, cuando el control de las zonas de recolección estuvo en disputa. La violencia recuerda a épocas en las que bandas organizadas buscaban apropiarse de playas enteras para manejar la extracción.
A nivel ecológico, los especialistas advierten un impacto alarmante. El biólogo Paul Baltazar, de la Universidad Científica del Sur, indicó que los “bosques submarinos” de algas muestran claros devastados debido a la sobreexplotación. Su colega Yuri Hooker, de la Universidad Cayetano Heredia, añadió que cortar las algas desde la raíz rompe el equilibrio del ecosistema, pues favorece la proliferación de erizos y caracoles, lo que impide el crecimiento de nuevos brotes. Ambos coinciden en que la pérdida de estas praderas marinas comprometería a especies enteras de cangrejos, moluscos y peces que dependen de ellas para sobrevivir.
En la región rige desde 2009 una norma que prohíbe cortar algas directamente del mar. Solo se permite recoger las que llegan a la orilla de manera natural. Sin embargo, testimonios recogidos por Mongabay Latam revelan que buzos y pescadores ingresan al mar con barretas y cuchillas para extraerlas, sin que estas prácticas sean registradas oficialmente en los muelles. La cadena informal funciona con rapidez: extracción ilegal, transporte sin certificados y venta a plantas procesadoras.
Globe Seaweed y Algas Sudamérica: sancionadas pero activas
El estudio periodístico identificó que la compra y procesamiento de algas en Ica está concentrado en dos empresas: Globe Seaweed International S.A.C. y Algas Sudamérica S.A.C.. Juntas controlan más del 70 % de la carga que se envía al extranjero desde esta región. Aunque la ley exige licencias industriales, ambas operan sin cumplir con este requisito.
Fuentes del Ministerio de la Producción (Produce) confirmaron a Mongabay Latam que ninguna de estas compañías figura en el registro oficial de plantas autorizadas. Aun así, siguen exportando miles de toneladas cada año. Algas Sudamérica incluso fue sancionada en julio de 2025 con una multa de 776 dólares por recibir y procesar cargamentos sin acreditar su procedencia legal, un hecho que se repite desde 2022.
Globe Seaweed, por su parte, arrastra un historial de irregularidades desde 2008. Ha sido intervenida por operar sin permisos, por almacenar cargamentos sin certificados de origen y por inconsistencias en sus registros de toneladas procesadas. En 2023 se le aplicó una multa de casi 8 mil dólares, aunque se redujo a la mitad tras acogerse a un beneficio de ley. En 2022, inspectores hallaron dos toneladas de algas sin documentos en un vehículo que se dirigía a una de sus plantas, pero la falta de logística impidió el decomiso.
Pese a estas sanciones, ninguna de las dos compañías ha visto paralizadas sus operaciones. Produce señala que la competencia para otorgar licencias corresponde al Gobierno Regional de Ica, mientras que la Direpro de Ica apunta que se trata de una responsabilidad del gobierno central.
En paralelo, se mantiene vigente una práctica conocida como el “blanqueo” de algas, en la que intermediarios mezclan cargamentos recolectados de manera ilegal con aquellos que sí cuentan con permisos. Al final, los documentos presentados no reflejan las cifras reales. Según registros revisados por la investigación, mientras la Direpro reportaba más de 60 mil toneladas procesadas en 2024, la Sunat solo registraba 12 mil en exportaciones.
Hoy, las costas de Ica concentran la mayor parte de la extracción nacional de algas, con más de 2400 pescadores asociados formalmente en 129 organizaciones registradas. Sin embargo, entre disputas, amenazas y vacíos de control estatal, el negocio sigue siendo dominado por dos empresas que exportan a China sin cumplir con la licencia industrial que la ley exige.
