Empresas de transporte pierden más de S/100 mil al mes por extorsiones: operan con menos unidades y choferes disminuyen horas de trabajo

Las extorsiones contra empresas de transporte público han desatado una crisis en Lima Sur. En los últimos meses, compañías históricas como Santa Catalina, Evipusa y Etuchiza han reducido drásticamente sus operaciones por el temor a nuevos atentados. Los ataques armados y el cobro de cupos afectan directamente a los trabajadores, que han visto caer sus ingresos semanales mientras los pasajeros enfrentan menos buses disponibles en las calles.

El problema económico es grave: según dirigentes del sector, cada empresa pierde más de S/100 mil al mes por mantener parte de su flota inmovilizada. Las amenazas han dejado unidades estacionadas, rutas incompletas y choferes que ya no se arriesgan a cubrir ciertos turnos. Aun así, algunos trabajadores continúan saliendo a laborar, conscientes de que exponen su vida al subirse al volante.

Las empresas denuncian que las bandas organizadas han convertido el transporte público en un blanco constante. El cobro de cupos, las llamadas y los mensajes de amenaza obligan a las compañías a reducir su flota operativa. “Una sola empresa pierde tranquilamente más de cien mil soles mensuales”, señaló un dirigente del sector al precisar que mantener vehículos estacionados genera un golpe económico irreversible.

Con menos unidades en las calles, los usuarios también resultan afectados. En Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y otros distritos de Lima Sur, las rutas habituales han quedado recortadas, generando largas esperas y un servicio limitado. Mientras tanto, los empresarios insisten en que las pérdidas ya no solo son monetarias, también representan el riesgo de perder más vidas.

El caso más reciente fue el de un conductor que recibió cuatro disparos mientras cumplía su recorrido. El hombre logró salvarse al lanzarse del asiento después del segundo impacto, aunque permanece internado en el hospital de emergencias de Villa El Salvador a la espera de una operación. Su familia solicita donantes de sangre para que pueda continuar con el tratamiento.

“Es padre soltero, joven, una persona que trabaja por sus hijos”, relató su familiar entre lágrimas, al describir la situación que atraviesan. El ataque provocó que más de doscientos choferes y cobradores suspendieran sus labores de manera inmediata, incrementando aún más la paralización del servicio.

La empresa Santa Catalina, que llegó a tener más de doscientos buses en circulación, hoy apenas logra movilizar unas setenta unidades. Las instalaciones permanecen cerradas y los vehículos lucen estacionados, mientras solo un reducido grupo de choferes se atreve a trabajar. Sus pérdidas superan los cien mil soles al mes, además de la caída sostenida en sus ingresos diarios.

En el caso de Evipusa, los mensajes extorsivos obligaron a detener gran parte de su flota. Aunque cuentan con setenta vehículos, actualmente ponen en marcha menos de la mitad. Los propios trabajadores reconocen que salir a la calle implica exponerse a un ataque armado. “Chofer que sale, chofer que se va”, advierten los extorsionadores en mensajes que circulan entre los transportistas.

El impacto también se refleja en los bolsillos de los conductores y cobradores. Antes podían llevar a casa alrededor de S/500 por semana, pero ahora apenas alcanzan entre S/300 y S/350. “Hasta un 40 % se ha reducido nuestro ingreso”, explicó uno de ellos, quien detalló que la caída se debe a menos horas trabajadas y a la baja cantidad de pasajeros transportados.

La Asociación Nacional de Conductores informó que varias compañías ya no operan al 100 % de su capacidad. Algunas alcanzan el 90 % de sus buses en circulación, mientras otras apenas llegan al 50 %. El temor a ser atacados ha cambiado las rutinas de los transportistas, que evitan horarios de mayor riesgo y priorizan su seguridad antes que las ganancias.

Etuchiza, conocida como “los chinos”, enfrenta la falta de choferes dispuestos a manejar. Un letrero en sus paraderos anuncia la necesidad de personal, evidencia de que cada vez menos trabajadores aceptan sumarse a una labor que ahora se considera de alto riesgo. Los pocos buses que aún circulan lo hacen en medio de la incertidumbre y bajo permanente amenaza.

Ni siquiera la presencia policial ha logrado frenar la ola de extorsiones. Los empresarios insisten en que el transporte público atraviesa una de sus etapas más críticas, con pérdidas que se suman mes a mes y trabajadores que se ven forzados a elegir entre el sustento de sus familias o su propia seguridad.