La exalcaldesa de Lima Susana Villarán por fin tendrá que responder ante la justicia por presuntamente haber liderado una organización criminal durante su gestión que habría lavado más de 11 millones dólares de origen ilícito de Odebrecht, OAS y Graña y Montero. Dicho dinero habría sido usado para dos campaña del No a la Revocatoria y la fallida reelección.
A cambio de los aportes ilícitos, según Fiscalía, Villarán habría favorecido a las constructoras con la adjudicación de los proyectos Rutas de Lima, Línea Amarilla y Vía Expresa Sur.
En total son 12 hechos que el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, le atribuye a la exalcaldesa, los mismos por los que pide una pena de 29 años de prisión.
El fiscal José Domingo Pérez sustentará la acusación con la que pide 29 años de cárcel contra Villarán
Instalado el juicio oral de Susana Villarán y continúa mañana a las 9 am
Previo al inicio de la audiencia, Susana Villarán expresó que “he esperado durante muchos años que se abra la verdad. Pido, justicia, respeto, imparcialidad y que se abra la verdad”
El fiscal José Domingo Pérez solicitó que el juicio oral a Susana Villarán se realice con sesiones diarias a fin de garantizar una resolución expedita del proceso judicial. Según los argumentos expuestos por Pérez, desde que la Fiscalía formalizó la acusación en 2022, la responsabilidad de agilizar el caso recae en el Poder Judicial. El caso está siendo visto en el Tercer Juzgado Penal Colegiado de Lima.
Susana Villarán se acredita en el inicio del juicio oral en su contra
José Domingo Pérez se acredita en el juicio contra Susana Villarán
Asociación ilícita, colusión agravada, lavado de activos agravado, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo son los presuntos delitos que la exalcaldesa Susana Villarán habría cometido en su gestión.
A Villarán se le acusa de ser la líder de una organización criminal que operó entre los años 2010 y 2015 en el seno de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esta organización habría tenido como fines el lucro ilícito y la obtención de poder político, para lo cual perpetró delitos graves como colusión, lavado de activos y falsedad. El fallecido José Miguel Castro Gutiérrez era señalado como jefe operativo.
Se le imputa haberse concertado, como máxima autoridad municipal, con representantes de las empresas Odebrecht, OAS y Graña y Montero para favorecerlas en la adjudicación y ejecución de proyectos de concesión, a cambio de recibir financiamiento ilícito para sus campañas políticas. Los proyectos involucrados son:
Como líder de la organización criminal, a Susana Villarán se le atribuye ser autora mediata del delito de lavado de activos agravado por un monto total que supera los 11 millones de dólares. Este dinero, proveniente de los actos de corrupción con las mencionadas empresas, fue blanqueado para financiar principalmente dos campañas:
Para blanquear estos fondos, según la Fiscalía, la organización criminal utilizó diversas modalidades, como la creación de empresas offshore y cuentas en paraísos fiscales (Andorra), la instrumentalización de personas jurídicas como la “Asociación Amigos de Lima Metropolitana” o “Rentable.pe S.A.C.”, el uso de contratos ficticios y la modalidad del “pitufeo” (realizar múltiples depósitos pequeños para evitar controles).
A Susana Villarán se le imputa haber ordenado la alteración intencional de la información financiera presentada a las autoridades electorales para ocultar el origen ilícito de los fondos de campaña: