Con la publicación de la Ley 32446, el Congreso de la República ha dado un paso decisivo al tipificar la criminalidad sistemática como una figura delictiva autónoma. El nuevo marco legal agrava las condenas para delitos cometidos bajo estructuras del crimen organizado, en particular la extorsión y el sicariato. La norma busca responder a la presión social ante el avance de redes delictivas que emplean violencia e intimidación y, en palabras de sus impulsores, dotar al Poder Judicial de herramientas para combatir la ola criminal. Sin embargo, este endurecimiento ha generado un intenso debate entre los actores del sistema de justicia y la sociedad civil.
En entrevista con Infobae, el abogado penalista Rolando Bazán, explicó que el principal desafío será la implementación práctica de la ley en las investigaciones judiciales y policiales. A su juicio, la principal diferencia que introduce la criminalidad sistemática es la exigencia probatoria: ya no basta con hacer valer culpabilidad por extorsión o encargo de asesinato, sino que debe acreditarse el uso de armas de fuego o explosivos, así como el impacto psicológico sobre la población. “Debe demostrarse el uso de armas o explosivos y que esa conducta generó ‘zozobra o terror’ en la población”, señaló.
Para el especialista, esto obligará a “investigaciones más complejas, con peritajes, informes de inteligencia y testimonios colectivos”, por lo que instituciones judiciales y policiales enfrentarán el reto de recolectar nueva clase de evidencia que permita sostener las acusaciones ante las exigencias técnicas de los tribunales. “Los jueces deberán fijar criterios claros para no confundir este delito con figuras ya existentes, lo que exigirá especialización y coherencia jurisprudencial”, advirtió.
Otra de las principales repercusiones de la Ley 32446 recae en el sistema penitenciario. De acuerdo a datos oficiales, los establecimientos carcelarios del INPE (Instituto Nacional Penitenciario) ya presentan tasas elevadas de saturación y condiciones precarias de infraestructura, por lo que la introducción de la cadena perpetua a los delitos asociados a la criminalidad sistemática añade presión a este entorno.
“La introducción de la cadena perpetua como sanción directa agravará la crisis penitenciaria”, alertó e indicó que el Estado se enfrentará a un incremento en los costos de vigilancia, alimentación y atención médica, en ausencia de programas sólidos de rehabilitación y reinserción social.
“El INPE carece de infraestructura y recursos humanos para garantizar seguimiento y atención a internos que pasarán décadas en prisión. Una condena perpetua demanda vigilancia diferenciada, áreas seguras y programas de atención médica a largo plazo, especialmente cuando los internos envejecen”, detalló.
En cuanto a su supuesto potencial “disuasivo”, mencionó que si bien “la intención es disuasiva, y el mensaje político es contundente: el Estado castigará con la máxima pena a quienes aterroricen a la sociedad”, la simple severidad de las penas no garantiza un descenso del crimen.
“La experiencia comparada muestra que las penas severas no bastan si no hay eficacia en la investigación y sanción real de los responsables”, resaltó y advirtió del peligro de una utilización extensiva del tipo penal a “contextos que no corresponden, como protestas sociales”. En su opinión, si la ley se aplica sin criterio técnico, existe el riesgo de que actores sociales o comunidades queden imputadas bajo el pretexto de criminalidad sistemática, saturando aún más el sistema de justicia y las cárceles del país.
