El inicio del juicio oral contra Susana Villarán, enfrenta a la exalcaldesa de Lima a una posible condena de 29 años de prisión solicitada por la Fiscalía por cinco delitos vinculados a la recepción de más de 11 millones de dólares provenientes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS como parte de un presunto esquema de corrupción en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
La acusación formal realizada por el Ministerio Público -representado por el fiscal José Domingo Pérez- abarca cinco delitos principales: asociación ilícita para delinquir (organización criminal), colusión agravada, lavado de activos agravado, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.
De acuerdo con la Fiscalía, entre 2010 y 2015, Villarán habría liderado una estructura criminal destinada a obtener lucro ilícito y poder político. El fiscal Domingo Pérez sostiene que concertó con representantes de Odebrecht, OAS y Graña y Montero para favorecerlos en la adjudicación de proyectos emblemáticos, como Rutas de Lima, Línea Amarilla y Vía Expresa Sur, a cambio de financiamiento para las campañas del ‘No a la Revocatoria’ y la reelección.
- El delito de asociación ilícita se basa en la supuesta existencia de una organización encabezada por Villarán junto al fallecido José Miguel Castro como jefe operativo.
- La colusión agravada refiere a acuerdos ilegales para beneficiar a constructoras en concesiones municipales.
- El lavado de activos agravado implica el blanqueo de más de 11 millones de dólares a través de empresas offshore, cuentas en paraísos fiscales como Andorra, contratos ficticios y la modalidad de “pitufeo”, que consiste en múltiples depósitos pequeños para evadir controles.
- Los delitos de falsedad genérica y falsa declaración guardan relación con la alteración intencional de información financiera para ocultar el origen de los fondos de campaña.
Según la acusación, la organización empleó entidades como la Asociación Amigos de Lima Metropolitana y Rentable.pe S.A.C. para canalizar los fondos, además de sofisticados mecanismos de ocultamiento y dispersión de dinero. El propósito era financiar campañas políticas y asegurar la continuidad en el poder a la vez que se favorecía a las empresas en obras públicas.
La versión de Villarán
Susana Villarán reconoce que recibió aportes de origen brasileño para la campaña del ‘No a la Revocatoria’ y la reelección, pero rechaza la cifra de once millones de dólares indicada por la Fiscalía. “Sí fue una suma importante de dinero, muy lejos de esa exorbitante suma de 11 millones; no sabemos exactamente de dónde sale esa cifra”, explicó Villarán.
La ex alcaldesa de Lima afirmó que no puede precisar el monto por recomendaciones de su defensa y la existencia de versiones contradictorias en el proceso que se sigue en su contra.
Villarán también justificó su prolongado silencio sobre los aportes por motivos políticos y aseguró que buscaba proteger el proceso de reformas ante intentos de desestabilización provenientes de intereses políticos que intentaban desestabilizar su gestión.
Sobre la supuesta vinculación de los aportes con adendas contractuales que habrían favorecido a las empresas, Villarán negó cualquier contraprestación indebida y destacó que una pericia contable descartó perjuicios para la ciudad.
“No ha habido ninguna vinculación de los aportes con hechos de corrupción. No les hemos entregado ninguna ventaja”, afirmó la exalcaldesa. Pese a las acusaciones de la Fiscalía, Villarán defendió su gestión y la calificó como “transparente”, aunque admitió haber defraudado la confianza de parte de la ciudadanía por su prolongado silencio.
Villarán afirma que la muerte de José Miguel Castro “no conviene a nadie”
Uno de los hechos discutidos recientemente sobre el proceso por el caso Rutas de Lima es la muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal y colaborador eficaz en el caso. Su testimonio era considerado clave para la acusación, y su fallecimiento -que hasta el momento no ha sido resuelto- ha sido apuntado como un evento que podría beneficiar a Villarán.
Pero la ex alcaldesa indicó a RPP, que en realidad la muerte de Castro no es conveniente ni a ella ni a los otros implicados en el caso.
“A nadie le sirve, ni a mí, ni a ninguna de las personas que están en este proceso y que vamos a entrar a juicio oral el día de hoy, la muerte temprana y tan dolorosa en condiciones tan difíciles como la que le ocurrió a José Miguel Castro no hace mucho. El dolor de su familia hay que respetarlo y no hay ventaja para nadie. Es terrible que se me pregunte si esto me va a convenir a mí o a alguien. No le conviene al proceso. Era muy importante poder escuchar las declaraciones de José Miguel en el juicio oral. Por supuesto que era, porque había cosas que él sí sabía con mayor detalle y eso hubiese aclarado”.
