Eliane Karp, esposa del exmandatario Alejandro Toledo, rompió su silencio. Desde Israel, la exprimera dama calificó como “una persecución política” las acciones del Ministerio Público peruano contra su familia. Sostuvo que los pedidos de la Fiscalía “son totalmente fuera de onda” y que tanto ella como su esposo se ven obligados a enfrentar una situación en la que, según indicó, no se respetan las leyes emitidas recientemente por el Congreso ni las firmas del Ejecutivo.
Relacionó la situación que viven con el contexto de los años noventa, haciendo un paralelo con la época del régimen fujimontesinista y afirmó: “No buscan evidencias, no buscan pruebas. Es su deseo de hacernos pagar, por ejemplo, la marcha de los cuatro suyos o que mi esposo haya ganado las elecciones en el 2001 y que Fujimori no regresó al poder”.
Interpelada sobre las acusaciones de transferencias ilícitas de dinero hacia empresas relacionadas con Ecoteva y el uso de fondos supuestamente irregulares para adquirir propiedades inmobiliarias como la casa en Casuarinas, una oficina y el pago de hipotecas en Camacho y Punta Sal, Karp negó rotundamente que ella o Toledo hayan pagado esos inmuebles e insistió que pertenecen al fallecido empresario Josef Maiman.
“La plata no es nuestra, la plata que vino en offshore y que se metió en otras varias cuentas no es nuestra, es del señor Maiman, y lo tenemos muy bien graficado y claro por número de cuenta, por su nombre y sabemos dónde, por lo menos una gran parte, ha terminado y quién lo maneja ahora”, señaló. Según explicó, los familiares de Maiman actualmente administran esos fondos.
Consultada por los motivos que habrían llevado a Josef Maiman a colaborar con la fiscalía, aseguró que Maiman utilizó a su esposo y fue coaccionado por los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez para declarar en contra de Alejandro Toledo. Recordó que en un primer momento el empresario afirmó que los bienes eran exclusivamente suyos, incluso trasladándose a Perú en su propio avión para así manifestarlo, pero que fue tras reuniones con los fiscales donde, según sus fuentes, se llegó a un acuerdo. “Le dicen que no le va a pasar nada a él ni le van a confiscar su plata. Dejarán a sus empleados de la empresa Merhav libres y toda su familia libre. Y la plata se queda con él con tal que denuncie a Toledo”, mencionó.
Explicó además que, poco antes de fallecer, el peruano-israelí firmó el contrato para convertirse en testigo eficaz, con el objetivo de asegurar que sus bienes permanecieran en poder de su familia. En su intervención, Karp también acusó que el fiscal Domingo Pérez habría intentado utilizar la misma estrategia con el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK), señalando que se le propuso archivar sus acusaciones si apoyaba una denuncia contra Toledo. Incluso, agradeció a Kuczynski por, a diferencia de Maiman, rechazar la propuesta.
“Yo quiero volver al Perú”
Consultada sobre si regresará a enfrentar la justicia, mencionó que quiere hacerlo, para también cuidar de su esposo Alejandro Toledo, pero solo si se levanta la prisión preventiva en su contra. “Yo amo al Perú, soy ciudadana peruana y yo quiero estar con mi esposo y le ruego que los fiscales y los jueces respeten a lo que el Tribunal Constitucional les dice. […] Yo quiero regresar y quiero enfrentar la justicia. Y quiero, obviamente, pedirles dónde están sus pruebas, pero con las condiciones de que me levanten la prisión preventiva y de que me saquen del Interpol", expresó.
Caso Ecoteva
La justicia peruana enfrenta dificultades para juzgar a Eliane Karp, esposa del exmandatario Alejandro Toledo, en el marco del caso Ecoteva, debido a su residencia en Israel, país que no extradita a sus nacionales. La Fiscalía solicitó 16 años y 8 meses de prisión para Karp por lavado de activos, acusándola de integrar junto a Toledo una red de empresas offshore utilizada para canalizar sobornos provenientes de Odebrecht y Camargo Correa.
Pese a que ya se definió una sentencia de 13 años y 4 meses contra Alejandro Toledo por el caso Ecoteva, el tribunal aún no ha emitido una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal de la exprimera dama y la ha declarado “reo contumaz”, ya que no acudió a las audiencias judiciales.
El caso Ecoteva detalla una operatoria financiera compleja para encubrir el origen de los fondos que permitieron a la pareja Toledo-Karp adquirir bienes inmuebles de alto valor. La fiscalía documentó la creación de Ecoteva Consulting, una empresa offshore en Costa Rica, usada para recibir fondos de la corrupción vinculada a las obras de la carretera Interoceánica Sur. Entre los años 2012 y 2013, la empresa transfirió dinero para adquirir una residencia en Las Casuarinas por 3,8 millones de dólares, una oficina en Torre Omega por 882 mil dólares y saldar hipotecas superiores a 400 mil dólares en propiedades localizadas en Camacho y Punta Sal.
El origen del dinero fue tema de varias versiones presentadas por Toledo, quien intentó atribuir los fondos a compensaciones a su suegra por el Holocausto, préstamos bancarios o inversiones de su amigo Josef Maiman. Esta justificación perdió sentido cuando, en 2019, Maiman aceptó que el dinero provenía de sobornos entregados por Odebrecht y Camargo Correa, que ingresaron a cuentas en Suiza y Panamá. Posteriormente, los fondos se redirigieron a Costa Rica y terminaron en Ecoteva, desde donde se realizaron las compras.
¿Por qué Eliane Karp no es extraditada?
Pese a la gravedad de las acusaciones y a que el proceso judicial peruano sigue activo, la extradición de Eliane Karp resulta inviable debido a su actual residencia en Israel. La legislación israelí no permite la extradición de sus nacionales, lo que crea un amparo legal que impide que el Estado peruano pueda traerla al país para enfrentar juicio o cumplir una posible condena.
Especialistas en derecho penal, como Romy Chang, explican que esta situación representa un desafío considerable para las autoridades peruanas. Aunque el Poder Judicial del Perú pueda emitir una sentencia en contra de Karp, la imposibilidad de extraditarla limita de manera significativa los alcances de la justicia peruana. Incluso si la Fiscalía solicita medidas de reparación civil, la ejecución de estas dependerá de la cooperación internacional y de la localización de bienes fuera del territorio israelí.
