Durante esta semana, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) comenzaron el Censo de Viviendas Colectivas 2025 en los 69 penales del país. La iniciativa busca recopilar información actualizada sobre la población privada de libertad, así como mejorar la planificación de programas orientados a la seguridad y la reinserción social de los internos.
El proceso permitirá empadronar a más de 100 mil internos mediante entrevistas presenciales, además de incluir a 133 menores de 36 meses que viven con sus madres en los establecimientos penitenciarios. Los censistas acreditados por el INEI aplicarán cuestionarios que consideran aspectos como edad, sexo, nivel educativo, salud, empleo, lengua materna y situación familiar. La actualización de esta información es clave para reflejar los cambios ocurridos en el sistema penitenciario desde el último censo, realizado en 2017.
Protocolos de seguridad y logística
El INPE ha dispuesto estrictos protocolos de seguridad para garantizar la correcta ejecución del censo. Más de 300 servidores penitenciarios trabajarán junto a 360 censistas del INEI para asegurar que las entrevistas se desarrollen sin contratiempos en cada penal.
Iván Paredes Yataco, presidente del INPE, enfatizó la importancia de este registro: “El censo nos permite visibilizar a la población penitenciaria y generar información útil para fortalecer la seguridad ciudadana. Los resultados ayudarán a diseñar programas de resocialización y reinserción laboral más efectivos”, indicó desde el penal de Lurigancho, el más grande del país.
Datos que serán recopilados
El cuestionario contempla 28 preguntas que incluyen nacionalidad, nivel educativo, migración, pertenencia étnica, discapacidad y situación familiar de los internos. Además, se recogerá información sobre los menores que conviven con sus madres para garantizar su cuidado y atención dentro de los penales.
Gaspar Morán Flores, jefe del INEI, afirmó que la información recopilada servirá para los tres niveles de gobierno: “Los datos permitirán elaborar estadísticas confiables que apoyen la planificación de políticas públicas y el bienestar de la población”, señaló.
Actualización tras ocho años
El último censo de viviendas colectivas se realizó en 2017, por lo que la actualización es prioritaria para reflejar la situación actual de los penales. La información permitirá ajustar programas de tratamiento penitenciario, planificar mejor los recursos y diseñar políticas públicas más efectivas en materia de reinserción social.
El viceministro de Justicia, Jesús Baldeón Vásquez, destacó que los datos también ayudan a identificar internos interesados en educación y empleo dentro del penal. “Existen personas que buscan oportunidades para salir adelante, y el Estado busca apoyarlas”, señaló.
Reconocimiento a agentes y profesionales
El presidente del INPE resaltó la labor de los agentes penitenciarios, docentes, psicólogos y trabajadores de servicio social en Lurigancho, que alberga cerca de 10 mil internos en un espacio diseñado para 2 mil. Destacó que la dedicación de estos profesionales es clave para brindar atención adecuada y garantizar el correcto funcionamiento de los programas de resocialización.
El censo representa un esfuerzo conjunto entre el INPE y el INEI para generar información confiable sobre la población penitenciaria, visibilizar sus necesidades y fortalecer estrategias orientadas a la seguridad y reinserción social de los internos en todo el país.
