Fiscalía amplía pesquisas sobre organización criminal que sería liderada por Juan José Santiváñez

El Ministerio Público amplió una investigación que apunta a la posible intervención irregular de agentes policiales y civiles durante la recuperación de un predio en Cieneguilla

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El 23 de agosto, Dina
El 23 de agosto, Dina Boluarte nombró a Juan José Santiváñez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos. (Difusión)

La Fiscalía abrió una nueva línea de investigación relacionada con favorecimiento policial en la toma de un terreno ubicado en el kilómetro 11.4 de la carretera de Cieneguilla, episodio ocurrido el 15 de octubre de 2024. Este caso se incorpora a una pesquisa mayor por presunta organización criminal, en la que figura como principal investigado el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Según el Ministerio Público, un grupo conformado por policías de la comisaría de Manchay y civiles se dirigió hasta el predio para llevar a cabo la recuperación del terreno. Testimonios recogidos señalan que el operativo fue liderado por Percy Tenorio Gamonal, representante de la empresa Arenera S.A.C. La acción generó controversia, pues habría sucedido sin contar con una orden judicial vigente pese a que el terreno se encontraba sujeto a litigios judiciales y procesos penales.

La denunciante del caso comunicó al comisario de Manchay que el operativo no contaba con respaldo legal y que Percy Tenorio y sus acompañantes actuaron careciendo de fundamento jurídico. La investigación del Ministerio Público pone la atención en la presunta participación de personal policial y funcionarios, quienes habrían facilitado la irrupción conforme a una estrategia coordinada con la empresa implicada.

Sede del Ministerio Público. (Foto:
Sede del Ministerio Público. (Foto: Andina)

La hipótesis de la Fiscalía considera la posibilidad de un patrón de intervención similar al denunciado en el caso de la mina El Dorado, donde se reportó el uso ilegal de agentes para ocupar un predio.

Indagaciones fiscales y patrón comparado con hechos anteriores

En la etapa preliminar, la Fiscalía incluye entre los aspectos evaluados el presunto apoyo logístico de la VII Región Policial de Lima. Informes recogidos apuntan a la movilización de entre 40 y 50 efectivos que, según fuentes en la denuncia, no solo participaron en el intento de recuperación sino que permanecieron en la zona hasta el día siguiente.

Como parte de las diligencias oficiales, la Fiscalía ha realizado visitas en las instalaciones de la VII Región Policial, la comisaría de Manchay y las oficinas de Arenera S.A.C. con el fin de recabar documentos y cotejar la versión presentada por las partes implicadas, así como la información provista por un testigo protegido que aporta elementos clave a la pesquisa.

La inclusión del nombre de Juan José Santiváñez dentro del estado de investigación responde a su presunto rol protagónico al interior de una supuesta organización criminal especializada en la recuperación irregular de predios con participación policial, una hipótesis que se fortalece a partir de testimonios sobre acciones previas en otras jurisdicciones del país.

Juan José Santiváñez
Juan José Santiváñez

La Fiscalización busca determinar si el proceso implementado en Cieneguilla refleja patrones ya identificados en la intervención registrada en la mina El Dorado, donde también se reportaron maniobras operativas articuladas entre civiles y funcionarios policiales. El expediente instruye la búsqueda de coincidencias en los mecanismos usados y de los actores recurrentes, colocando la lupa sobre conexiones y estrategias repetidas en el tiempo.

El Ministerio Público mantiene en reserva detalles puntuales de la investigación mientras continúa con el levantamiento de evidencias, un proceso que incluye el análisis de documentos de respaldo, informes administrativos y registros de presencia de efectivos en el área señalada. La pesquisa se extiende al entorno de los empresarios implicados y a la cadena de mando policial, sin descartarse nuevas inclusiones conforme avancen las diligencias.

La Fiscalía ha reiterado que la prioridad en este tipo de casos radica en identificar prácticas que vulneren el marco legal vigente respecto al uso de la fuerza pública y la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) fuera de los parámetros establecidos en la normativa procesal.