En nuestro país, el sistema privado de pensiones lleva más de treinta años de creado. En ese tiempo, solo poco más de tres millones de personas aportan anualmente a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), lo que representa menos del 20% de la Población Económicamente Activa (PEA). El esquema obligatorio nunca logró masificar la cobertura, mientras la informalidad laboral (por encima del 70%) sigue siendo la regla.
En este contexto, surge una pregunta legítima: ¿qué sentido tiene mantener un sistema que obliga a aportar, cuando los afiliados, cada vez que se abre la puerta, prefieren retirar su dinero? Desde inicios de la pandemia se han aprobado siete retiros anticipados de fondos privados de pensiones, que en conjunto superarían los S/ 120,000 millones y han reducido significativamente los ahorros previsionales del sistema.
El principal efecto negativo de los retiros sobre los afiliados es el aumento en el riesgo de caer en situación de pobreza en la vejez, dada la disminución abrupta en la pensión esperada como consecuencia de los retiros masivos, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Por otro lado, debemos tener en cuenta que, tras la serie de retiros y con personas que llegarían a la jubilación sin saldo alguno, es posible que en el futuro el Estado tenga que otorgar pensiones no contributivas a la mayoría de los afiliados que retiraron sus fondos. ¿De dónde saldrían los recursos para financiar tales pensiones? Muy probablemente, del dinero de los contribuyentes.
Recordemos, como sostuvo Margaret Thatcher: “no existe dinero público, solo el dinero de los contribuyentes”. Así, las pensiones de quienes optaron por realizar retiros, priorizando el consumo presente sobre el ahorro previsional, terminaríamos financiándolas de nuestros bolsillos, tal vez con mayores impuestos.
Un mercado donde los “clientes” están forzados a permanecer difícilmente genera incentivos para ofrecer mejores servicios. La razón de ser de la obligación es asegurar pensiones dignas, pero lo que vemos es un tremendo descontento y un uso de los fondos como ahorro disponible, en lugar de capital para la vejez.
Liberar el mercado tampoco parece la respuesta. Sin un mínimo de ahorro, muchos trabajadores no guardarían nada, lo que generaría futuros costos asistenciales para el Estado; es decir, para todos los contribuyentes. La salida estaría en un modelo mixto: un aporte obligatorio mínimo que garantice un fondo básico para la jubilación, y abrir la competencia entre AFP, bancos o aseguradoras para captar tanto el ahorro obligatorio como el voluntario. Protección social con dinamismo y presión competitiva es lo que necesita el sistema.
No se trata de elegir entre blanco o negro, sino de diseñar reglas que combinen protección con libertades. Y tengamos en cuenta que, al margen del descontento con el sistema privado de pensiones, tal como está diseñado, la alternativa es el Sistema Nacional de Pensiones. Es decir, los fondos previsionales serían administrados por el Estado, el gobierno de turno. ¿Eso queremos? Seamos juiciosos y busquemos la mejor alternativa de solución. Toda norma es perfectible y mejorable; pero hacerle huecos, so pretexto de utilizar los fondos como simples ahorros, sería muy perjudicial en el largo plazo.
