Un trabajador de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) allegado a la vicepresidenta María Teresa Cabrera tenía acceso a la carpeta que hace unas semanas fue vulnerada, según reveló La Encerrona.
Se trata de Carlos Alfredo Peche Jave, quien fue contratado en la JNJ en mayo como consultor en el Área de Comunicación e Imagen por un monto total de 40 mil soles.
Entre sus funciones, de acuerdo con los términos de referencia mostrados en el reportaje, están brindar asistencia técnica legal en el área de comunicaciones, analizar proyectos de ley, hacer reuniones de trabajo, redactar discursos y garantizar una correcta coordinación interinstitucional.
Sin embargo, un informe interno de la JNJ reveló que Peche Jave también tenía acceso a la carpeta en la que se almacenaban temporalmente documentos escaneados de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios, pese a que formalmente no se desempeña en esta oficina.
De acuerdo con el documento difundido por La Encerrona, Peche tenía “control total” sobre la referida carpeta.
¿Quién es Carlos Alfredo Peche Jave?
Carlos Alfredo Peche Jave es conocido de la consejera y vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera. Cuando esta última era congresista y tercera vicepresidenta del Parlamento, Peche era su asesor, según reveló el periodista Carlos Viguria de Ideeleradio.
En 2014, Peche Jave postuló sin éxito al cargo regidor de la Municipalidad de Comas por Fuerza Popular.
Según fuentes de La Encerrona, Peche Jave suele ser visto con frecuencia en el piso 8 de la Junta Nacional de Justicia, donde funciona la Dirección de Procedimientos Disciplinarios. Incluso fue captado junto a los funcionarios de ese piso durante el simulacro nacional de agosto.
El referido medio solicitó al área de prensa de la JNJ una explicación sobre por qué el funcionario tenía acceso a la carpeta, pero respondieron que esa consulta tendría que formularse por una solicitud de acceso a la información pública.
Documentos eliminados de la JNJ
La reciente eliminación de más de 1.200 expedientes del sistema de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha generado inquietud en el entorno judicial peruano, ya que entre los documentos desaparecidos figuran aquellos que involucran a la fiscal suprema Patricia Benavides, según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece.
De acuerdo con la información publicada por Hildebrandt en sus trece, la desaparición de los expedientes se habría producido a través de una intervención en el Sistema de Gestión Documental (SGD) de la JNJ. El semanario, citando fuentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional del Perú, detalló que la mayoría de los documentos eliminados correspondían a procesos disciplinarios iniciados desde enero de 2025.
Entre los casos afectados se encuentran los relacionados con Patricia Benavides y la red de Los Cuellos Blancos del Puerto. Además, también se habrían eliminado expedientes vinculados a la fiscal de la Nación Delia Espinoza, al fiscal provincial José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato y a la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Carmen Velarde, en relación con las firmas falsas utilizadas por partidos políticos para inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El incidente fue detectado el sábado 2 de agosto por un trabajador de la Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ, quien informó a la jefa encargada de la dirección, Magnolia Martínez. No obstante, la solicitud formal de recuperación de los documentos no se realizó hasta el lunes 4 de agosto, debido a que la Oficina de Tecnologías de Información (OTI) no laboró el día del reporte. Según el semanario, la respuesta de la OTI “añadió más inquietud que claridad”, ya que la carpeta afectada funcionaba como una “especie de zona de paso del sistema donde se almacenan documentos escaneados antes de incorporarlos oficialmente a la base de datos”. Por esta razón, los movimientos realizados por los usuarios con acceso a dicha carpeta no pueden ser rastreados.
La OTI entregó la lista de usuarios con acceso a la Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ, pero en la misma comunicación advirtió que “es imposible determinar en qué momento se eliminaron los expedientes, debido a que el sistema no registra cambios en carpetas temporales”. Para la Policía Nacional del Perú, este hecho constituye un posible sabotaje perpetrado desde el interior de la institución, descartando la intervención de agentes externos.
La Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro ha iniciado una investigación preliminar para identificar a los responsables de la eliminación de los expedientes. Las diligencias buscan esclarecer la autoría y el alcance de la manipulación, con la expectativa de que el avance de las pesquisas permita individualizar a los presuntos implicados.
