La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) cuestionó de manera pública las declaraciones del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, tras el anuncio de denuncias contra magistrados que declaren inaplicable la Ley de Amnistía.
En un pronunciamiento difundido en su cuenta oficial de X, la organización describió este tipo de actos como “una injerencia inaceptable que vulnera la independencia judicial y atentan contra la división de poderes que sustenta el sistema democrático”.
El comunicado de JUSDEM también indica que “El control de constitucionalidad y el control difuso de convencionalidad son mandatos jurídicos, especialmente necesarios cuando existen normas que representan retrocesos en materia de derechos humanos”. Ambos son recursos con los que cuentan los jueces que consideran que la Ley N° 32419, aprobada recientemente por el Congreso, es inaplicable por ser contraria a los Derechos Humanos.
El pronunciamiento de la Asociación también lamenta que desde el Poder Ejecutivo “se recurra a discursos de amenaza contra jueces y juezas, generando un ambiente de hostilidad que debilita la confianza en las instituciones y erosiona las garantías democráticas".
La Asociación expresó su preocupación al observar que los jueces “deben poder decidir sin presiones externas y sin temor a represalias”. A través de esta postura pública, el colectivo reiteró que la independencia y la imparcialidad resultan esenciales para el Estado de derecho.
El gremio concluyó instando a que los procesos judiciales se desarrollen sin interferencias y destacó: “Invocamos a la ciudadanía y a la comunidad internacional a permanecer vigilantes frente a estas inaceptables presiones, reafirmando que sin independencia judicial no existe democracia ni protección efectiva de los derechos fundamentales”.
Juan José Santiváñez impulsará denuncias contra jueces
El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, anunció que se promoverán denuncias contra jueces que declaren inaplicable la Ley de Amnistía. El titular del Minjus afirmó que los magistrados deben “resolver conforme a nuestro marco jurídico”, y advirtió que el Ministerio adoptará todas las acciones legales contra los jueces que no apliquen la norma aprobada por el Congreso.
Expresó que las acciones legales apuntarán a aquellos jueces que, en sus palabras, “no resuelvan conforme a nuestro marco jurídico”. El ministro afirmó estar absolutamente de acuerdo con la Ley N.° 32419, porque “los policías y militares que están siendo juzgados, muchos llevan sus procesos 40 años, son personas que se fajaron por el Perú”.
Agregó que mientras al Estado peruano se le exige pagar indemnizaciones a condenados por delitos de terrorismo por órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la práctica no se ha reconocido el debido proceso ni derechos fundamentales a miembros de las fuerzas del orden involucrados en casos relacionados con la lucha antisubversiva.
Según las declaraciones del abogado Carlos Rivera, no es cierto que existan policías con procesos judiciales abiertos desde hace más de 40 años. Según indicó, en los años ochenta las investigaciones judiciales a policías y militares fueron derivadas al fuero militar, donde no avanzaron, y en los años noventa, las investigaciones fueron cerradas por efecto de la Ley de Amnistía del gobierno de Alberto Fujimori.
Explicó que al retornar la democracia, no existían casos abiertos y los procesos se reabrieron a partir de la sentencia del caso Barrios Altos, en marzo de 2001, o incluso años después, con nuevos casos que se abrieron en 2023. Es decir, las investigaciones actuales no datan de hace treinta o cuarenta años.
