El caso de Miguel Marcelo Salirrosas, más conocido como “El Diablo”, amenaza con convertirse en uno de los episodios más incómodos para el Gobierno turno. Este expolicía, condenado a más de 27 años de prisión por integrar una facción de la organización criminal Los Pulpos, aparece como protagonista de audios, reuniones y denuncias que involucran directamente al actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.
El nombre de Salirrosas resurgió con fuerza luego de la difusión de grabaciones atribuidas a ambos ministros, donde se escucha una presunta coordinación para gestionar un cambio de pabellón penitenciario a favor del sentenciado. El contenido de esas conversaciones, revelado por dominicales televisivos, abrió un nuevo frente de investigación fiscal que ya tiene a Santiváñez citado para diligencias, mientras que Arana se vio obligado a pronunciarse en el Congreso negando cualquier vínculo con el interno.
La historia se vuelve aún más compleja porque los expedientes judiciales confirman que Santiváñez, antes de ocupar un cargo en el Ejecutivo, fue abogado defensor de Salirrosas. Según el Ministerio Público, incluso, nuevos testimonios y registros confirman que habría cobrado 20 mil dólares a la familia del expolicía con la promesa de influir en el Tribunal Constitucional.
El prontuario de “El Diablo” y el operativo que lo llevó a prisión
Detrás de la figura de Miguel Marcelo Salirrosas hay un historial que explica por qué su nombre pesa tanto en este caso. El expolicía fue capturado en agosto de 2016 durante el megaoperativo Tornado, en el que participaron 350 agentes de la PNP y 40 fiscales en distintos puntos de La Libertad y Lima. Su rol, de acuerdo con la sentencia, era ser el “hombre de acción” de la banda “Los Pulpos”: lideraba invasiones a predios en disputa, amenazaba a moradores con armas de fuego y aseguraba que los terrenos quedaran bajo control de la organización criminal.
En enero de 2020, el Poder Judicial lo condenó a 27 años y 7 meses de cárcel por los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación agravada. La sentencia fue ratificada en 2021 por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de La Libertad, dejando sin efecto los recursos que su defensa había intentado. Incluso, un hábeas corpus presentado en 2022 llegó hasta el Tribunal Constitucional, donde se confirmó la pena.
Ese proceso dejó constancia de que uno de sus abogados principales fue precisamente Juan José Santiváñez, quien años después pasaría a ocupar la cartera del Interior y, más tarde, la de Justicia. Documentos judiciales también registran que defendió a otro policía capturado en la misma operación, Éber Riquelmer Juárez Moya. Este nexo hoy es usado por la Fiscalía como parte del sustento para la investigación por presunto tráfico de influencias.
Los audios, las versiones enfrentadas y el impacto político
El caso de “El Diablo” tomó un giro en septiembre de 2024, cuando, según la investigación, se habría producido una conversación entre Santiváñez y Eduardo Arana, entonces ministro de Justicia. En el registro, el actual titular del Minjus le menciona al premier que los familiares de Salirrosas habían acudido a su despacho y pide acelerar un cambio de pabellón. La respuesta, atribuida a Arana, sería: “Ya, lo veo ahorita”.
Arana rechazó de plano la autenticidad de esa grabación durante su intervención ante la Comisión de Fiscalización, asegurando que no conoce a Salirrosas ni ha tramitado ningún beneficio en su favor. Además, denunció una supuesta “presión mediática”, cuestionando que los audios hayan sido difundidos antes de ser oficialmente deslacrados por el Ministerio Público. “El Gobierno está siendo objeto de una presión mediática. Realmente llama la atención que un medio probatorio en poder de la Fiscalía haya sido difundido libre e impunemente”, sostuvo.
Por su parte, la defensa de Santiváñez admitió que una pariente de Salirrosas se reunió con él en el Ministerio del Interior en 2024, pero negó que esa visita implicara gestiones a favor del interno. Según el abogado Estefano Miranda, esa cita se enmarcó en una propuesta de reubicar a todos los policías sentenciados en penales exclusivos para evitar contacto con organizaciones criminales.
El dominical Panorama también difundió otro audio, en el que se escucha a Santiváñez refiriéndose a supuestas coordinaciones en el Tribunal Constitucional para favorecer a Salirrosas. La Fiscalía sostiene que el ministro habría prometido interceder con dos magistrados y, a cambio, recibido un pago de 20 mil dólares. Cuando el recurso fue rechazado, testigos señalaron que la familia exigió la devolución del dinero.
Este cúmulo de revelaciones llevó a que la Corte Suprema dictara en junio un impedimento de salida del país por 18 meses contra Santiváñez, aunque la medida fue levantada temporalmente para permitirle viajar a Suiza. Hoy, la Fiscalía asegura tener 77 audios, 33 imágenes y más de mil mensajes como parte del expediente que involucra al ministro.
Mientras tanto, el premier Arana insiste en que no reconoció las voces atribuidas y denuncia un trasfondo político detrás de la filtración. Pero con la investigación en curso y la opinión pública atenta, el caso de “El Diablo” se perfila como un nuevo dolor de cabeza para el Ejecutivo, donde cada revelación añade presión a un gabinete ministerial enfrentado a múltiples crisis de imagen
