El suspendido comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, sostuvo una reunión oficial con el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, pese a la orden del Poder Judicial de apartarlo de la institución por 18 meses.
A través de una publicación en X, el Ministerio de Justicia informó que Zanabria y Santiváñez "planificaron acciones conjuntas respecto a próximos operativos en establecimientos penitenciarios y traslados de internos de alta peligrosidad”.
En la imagen publicada se aprecia al ministro de Justicia y al suspendido Víctor Zanabria usando su uniforme oficial de jefe de la Policía Nacional del Perú.
Contra el comandante general de la PNP recae una suspensión preventiva de derechos dictada por la jueza Janett Lastra Ramírez, del Sexto juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa.
Si bien es una decisión de primera instancia, esta se ejecuta inmediatamente debido a que es una medida cautelar. Así ocurrió, por ejemplo, cuando Patricia Benavides fue suspendida por 24 meses. Tuvo que esperar que la decisión sea revocada en segunda instancia para poder reincorporarse al Ministerio Público.
“La permanencia (y alarde) de Zanabria en el cargo de Comandante General de la PNP es un abierto desacato del Poder Ejecutivo de la Policía de una orden judicial. Es un golpe al orden constitucional”, indicó el abogado Carlos Rivera.
Zanabria advierte supuestos errores del PJ
Luego que se conoció la decisión judicial, Víctor Zanabria expresó su desacuerdo de inmediato, señalando que la medida judicial no solo lo afecta a él, sino que pone en entredicho la continuidad de toda la cúpula policial.
Uno de los argumentos centrales de Zanabria para rechazar la suspensión radica en lo que describe como un supuesto error material en la resolución judicial. El documento, según explicó, menciona como suspendido al general Céspedes, jefe de Comando de Operaciones Policiales, y no a él, quien ostenta la comandancia general. “Un error material en una disposición judicial de ese nivel la hace inaplicable”, afirmó. No obstante, en ninguna de las 60 páginas de la resolución aparece el nombre del general Céspedes.
El comandante general también alertó sobre las consecuencias institucionales de la medida, advirtiendo que la separación sucesiva de los altos mandos policiales por decisión judicial podría dejar a la Policía Nacional sin una dirección estable. “El que me releve, cualquiera de los que está al frente, va a ser separado también por el juez. Entonces, ¿qué estabilidad le estamos dando a la institución? ¿Qué precedentes se están generando?”, planteó Zanabria, quien además denunció que todos los oficiales generales están siendo investigados por supuesta pertenencia a una organización criminal.
En cuanto a la competencia para designar o separar al comandante general de la Policía Nacional, Zanabria aseguró que esta atribución corresponde exclusivamente a la Presidenta de la República, en su calidad de Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. “La señora Presidenta de la República debe ser notificada y ella adoptará la decisión sobre la dirección de nuestra institución”, puntualizó.
