El Frente de Defensa de los Intereses de Machu Picchu inició desde el domingo una paralización pacífica de carácter indefinido, con bloqueos en el distrito de Machu Picchu y cierre de establecimientos comerciales. La medida surge tras el persistente conflicto por el transporte de turistas entre Machu Picchu Pueblo (Aguas Calientes) y la llacta inca, y responde a lo que la organización califica como un “contubernio” entre autoridades públicas y empresas privadas que impide el ingreso de nuevos buses a la ruta hacia el santuario arqueológico.
Reclamos y acusaciones hacia autoridades y empresas
De acuerdo con el comunicado difundido por el Frente de Defensa, la demanda central concierne la falta de cumplimiento de la ley en relación al reemplazo del operador de transporte turístico en la carretera Hiram-Bingham, que conecta el pueblo con el sitio arqueológico. La empresa San Antonio de Torontoy, representante de las comunidades locales, fue adjudicada legalmente para operar la ruta; sin embargo, no ha logrado ingresar sus unidades debido a lo que los dirigentes catalogan como acciones coordinadas para favorecer intereses específicos.
La organización acusa de “contubernio” a la Policía Nacional del Perú, la Municipalidad Distrital de Machu Picchu, la compañía ferroviaria PerúRail y la empresa de transporte Consettur. “Responsabilizamos a la empresa PerúRail de los hechos que se generarían producto de la falta de agilidad y seriedad en el traslado de las dieciocho unidades vehiculares al pueblo de Machu Picchu, hechos que podrían empeorar la medida antes mencionada”, señala el comunicado del Frente de Defensa. Los representantes comunitarios consideran que desde el sector público y privado se busca prolongar el proceso para impedir el inicio de operaciones de los nuevos vehículos.
Impacto en el turismo y comercio local
Darwin Baca, presidente del Frente de Defensa de Machu Picchu, confirmó que comerciantes y residentes acatan la paralización, con el cierre de comercios, restaurantes y hoteles en la localidad. “No va a haber atención en gran parte de todos los comercios, es el acuerdo que se ha quedado”, advirtió Baca a RPP Noticias. Hasta ahora, la protesta cuenta con el respaldo de las comunidades aledañas, que señalan falta de respuesta y coordinación por parte de las autoridades locales.
Baca denunció además varios incidentes recientes en la infraestructura de la zona: “Ha habido daños en la propiedad privada en el sector de Puente Ruinas, donde deben llegar las unidades vehiculares para luego proseguir hacia la carretera aquí en Machu Picchu. Las plataformas de la empresa PerúRail fueron dañadas, y poco después se depositó basura en el área, dificultando el traslado de los vehículos.” El dirigente aseguró que existe evidencia en video sobre la presencia y conducta de personal de Consettur y responsabilizó a esta compañía por el presunto corte de los frenos de aire en dos plataformas ferroviarias, acción que motivó una intervención policial sin detenidos.
Proceso administrativo y falta de garantías
La Presidencia del Consejo de Ministros ratificó que la competencia para designar un nuevo operador del servicio de transporte entre Machu Picchu Pueblo y la ciudadela inca corresponde a la Municipalidad Provincial de Urubamba. Aun así, el Frente de Defensa critica la ausencia de una transición ordenada y denuncia reticencia del alcalde de Machu Picchu, Elvis Latorre, a socializar acuerdos con la estatal Tramusa para asumir temporalmente la operación. “Se ha generado todo este tema porque no se está dando cumplimiento como corresponde con las garantías que debería darse al traslado de las unidades vehiculares”, señaló Baca.
Aunque la dirigencia local se muestra dispuesta a dialogar, insisten en que cualquier mesa de negociación exige reconocer la legalidad de la empresa adjudicada por las comunidades y un pronunciamiento claro sobre las acciones de las compañías acusadas.
Continúa la incertidumbre para turistas y habitantes
La parálisis afecta el funcionamiento normal del destino turístico más importante del Perú. El flujo ferroviario opera con retrasos y los servicios básicos para visitantes resultan limitados por el cierre de comercios. El Frente de Defensa mantiene su postura hasta lograr el ingreso de los nuevos buses y demanda una intervención inmediata de las autoridades para restablecer el cumplimiento de la ley en la zona, mientras persiste la preocupación por la imagen internacional del sitio arqueológico.
