El caso del homicidio de Leonardo Zetro Purba, trabajador de 40 años de la Embajada de Indonesia en Lima, avanza en sus investigaciones tras la incautación de la pistola empleada en el ataque. De acuerdo con fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), la evidencia obtenida tras la detención de cinco extranjeros reveló que el arma utilizada podría pertenecer a un efectivo policial.
Investigación y hallazgos iniciales
La noche del 1 de septiembre, Leonardo Zetro Purba fue interceptado mientras se desplazaba en bicicleta en el distrito de Lince. El crimen generó conmoción tanto en el cuerpo diplomático como en la opinión pública peruana. Ocho días más tarde, agentes de la División de Investigación de Robos desplegaron un operativo en San Martín de Porres, donde intervinieron un hostal y una vivienda. Allí, lograron la captura de tres ciudadanos venezolanos y dos cubanos, a quienes se les halló una pistola plateada semiautomática, conservando su número de serie sin alteraciones.
El coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de esa división, indicó que los detenidos operaban con vehículos y motocicletas de lunas polarizadas, características vinculadas a actividades delictivas en la zona. Al presentar la evidencia de la pistola incautada, Montúfar puntualizó que el armamento era una pistola Tauro calibre 3.80, “habría participado o habría sido utilizada contra el diplomático fallecido de nombre Leonardo Zetro Purba, el primero de septiembre”.
Vinculación de sospechosos y confesión
En el momento de la detención, uno de los ciudadanos venezolanos, Yeicker Antonio Echenagucia, alias “Malaco”, confesó su rol como conductor de la motocicleta empleada para movilizar al autor material del crimen. Señaló que recibió trescientos soles por el traslado, monto entregado tras la consumación del homicidio.
Los agentes de la PNP confirmaron mediante el Sistema Integrado de Identificación Balística (IVIS) que el arma secuestrada coincidía con el proyectil hallado en el cuerpo de Zetro Purba y con los casquillos recolectados en el lugar de los hechos. El mismo armamento también estaría implicado en otros actos delictivos registrados desde 2019.
“Gracias al análisis a través de la base de datos IVIS, se homologó el arma con resultados positivos para este y otros casos”, manifestó un agente de investigación al presentar el informe balístico.
Posible vínculo policial
Según la investigación, la pistola estaría registrada a nombre de un miembro de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES). Aunque la pesquisa aún no concluyó, ya se notificó al agente para que rinda su declaración ante las autoridades. El coronel Montúfar subrayó que parte de las indagaciones incluye determinar cómo el arma llegó a manos de la banda y si medió venta, alquiler o pérdida, circunstancias previstas dentro del proceso disciplinario interno de la institución.
“Se ha identificado al propietario de esta misma arma de fuego y ya se están notificando para que (…) en algún momento poder tener un avizoramiento de la propiedad exacta, porque muchas veces, a veces, lo vendemos, lo alquilamos y eso es todavía materia de investigación”, explicó el jefe policial al referirse al origen del arma.
Esta situación mantiene bajo la lupa la trazabilidad de armas en poder del personal policial y la posibilidad de que armamento oficial termine participando en crímenes violentos.
Próximos pasos en la pesquisa
El agente identificado, miembro de la DINOES, tiene previsto brindar su testimonio en los próximos días ante los investigadores del caso. Mientras prosiguen las diligencias para esclarecer la cadena de custodia del arma, el caso suma elementos que aumentan la presión sobre los controles en la tenencia y gestión de armamento por parte del personal policial.
