La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) repudiaron este miércoles las amenazas emitidas por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, contra el periodista Gustavo Gorriti, director deIDL-Reporteros.
El burgomaestre mencionó en su discurso público que había que expulsar del país al periodista por ser socio de la exalcaldesa Susana Villarán, quien enfrenta un juicio por presuntos aportes millonarios de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas electorales de 2013 y 2014, y mantuvo su ofensiva cuando propuso la reinstauración de los tribunales militares.
“A un terruco urbano que es un objetivo militar hay que juzgarlo en un tribunal militar. Si va a un tribunal fiscal, sale al toque. Estamos mal ahí. Vamos poniendo los puntos sobre las íes. Tribunal militar. ¿Cuál es el miedo? ¿A Gorriti? Por favor, hay que cargárselo de una vez al caballero. Volvamos a poner tribunal militar porque estamos en guerra”, expresó.
La SIP alertó que estas declaraciones constituyen un grave riesgo para la seguridad del periodista y vulneran principios fundamentales de la libertad de prensa. “Expresiones de este tipo constituyen una incitación al odio y ponen en grave riesgo la seguridad personal de un periodista reconocido internacionalmente por su trabajo de investigación contra la corrupción y su compromiso con el periodismo independiente”, afirmó José Roberto Dutriz, presidente de la organización, citada en un comunicado enviado desde Miami.
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, sostuvo que “el discurso estigmatizante contra periodistas críticos es una amenaza directa a la libertad de prensa y genera un ambiente hostil que socava la democracia”.
“Corresponde al Estado garantizar la protección de Gustavo Gorriti, y hacemos responsable al gobierno de cualquier daño que pueda sufrir como consecuencia del clima de hostigamiento y estigmatización promovido desde el poder público”, añadió.
El IPYS, por su parte, también rechazó de manera tajante las expresiones del alcalde y consideró que este tipo de lenguaje no solo agravia, sino que puede traducirse en amenazas reales.
“Al emplear un término que suele mencionarse para matar a alguien, creemos que el alcalde ha ingresado en una situación en la que puede ser legítimamente responsabilizado por cualquier daño o atentado contra la vida y salud de Gorriti y/o de los periodistas a quienes ataca”, se lee en su pronunciamiento.
Según el Índice Chapultepec de la SIP, que mide el desempeño institucional respecto a la libertad de expresión y de prensa, entre 2023 y 2024 Perú descendió del puesto 12 al 16 entre 22 naciones analizadas, ubicándose en la categoría de “alta restricción” de ambos derechos.
Prensa bajo ataque
Las declaraciones de López Aliaga ocurren en un contexto alarmante para el ejercicio del periodismo en el país. En julio de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Gorriti al considerar que enfrenta una situación de riesgo.
Los ataques contra la prensa no se limitan a este caso. La periodista Karla Ramírez, jefa de la unidad de investigación de Panamericana TV, denunció recientemente que funcionarios de inteligencia del gobierno de Dina Boluarte habrían planeado un atentado en su contra “disfrazado de delincuencia común violenta”.
En paralelo, la Procuraduría Anticorrupción solicitó levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz y César Prado, quienes investigan casos vinculados al caso Valkiria. Esta acción fue criticada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), que advirtió que se trata de una medida que vulnera la protección de las fuentes periodísticas y carece de base legal.
