El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, fue acusado de estafar con más de S/12 mil al padre de una integrante de la Policía Nacional del Perú (PNP), según un informe publicado este viernes por Hildebrandt en sus trece.
El semanario de investigación señala que la denuncia data de 2014, cuando Santiváñez tenía una oficina en un edificio ubicado en la avenida Paseo de la República. La acusación fue presentada el 18 de agosto de ese año por el empresario huancaíno Juan Arrieta, quien aseguró haber sido víctima de un fraude por un monto de S/12,650.
Según el expediente citado por H13, Arrieta contrató a Santiváñez con el objetivo de apoyar a su hija, sometida a un proceso disciplinario tras presentar un documento falso en la Escuela Superior de la PNP. La intención era evitar su expulsión de la institución.
Arrieta recurrió al abogado, a quien le atribuían conexiones dentro de la PNP, según detalla el informe. Le entregó S/3,000 como adelanto por sus servicios y otros S/9,650 para cubrir supuestos “gastos administrativos”. Sin embargo, el abogado no logró ningún resultado.
La agente fue finalmente dada de baja de manera definitiva. El abogado, quien habría prometido reembolsar el dinero en caso de no obtener resultados, se negó a cumplir esa promesa. Tras la insistencia del empresario, entregó un cheque del banco Interbank por USD 1,200, pero al intentar cobrarlo, la entidad informó que no contaba con fondos y que la firma era falsa.
El caso no avanzó más allá del ámbito policial. El denunciante falleció el año pasado. Su hija, la suboficial Daniela Arrieta, confirmó a la revista la existencia de la denuncia y detalló que los S/9,650 fueron destinados al pago de “conocidos” y “contactos” que el abogado aseguraba tener dentro de la PNP.
De acuerdo con la hipótesis del fiscal Carlos Ordaya, jefe del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), Santiváñez se alió con la presidenta Dina Boluarte para obtener un cargo importante en el Ejecutivo que le permita obtener “ganancias ilícitas”.
Denunciado
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó esta semana una denuncia constitucional contra el ministro por presunto aprovechamiento indebido del cargo cuando dirigía el Ministerio del Interior. La acusación fue enviada al presidente del Congreso, José Jerí, para solicitar autorización parlamentaria y permitir que el funcionario sea investigado.
El caso se basa en supuestas contrataciones irregulares de personal para mejorar la imagen del exministro en redes sociales. Entre los señalados, figura un policía retirado contratado como analista, quien habría difundido mensajes a favor de Santiváñez y cobrado al menos S/21,000 por dos meses de trabajo.
Además, el programa Cuarto Poder reveló conversaciones y audios que vinculan al ministro y a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, con presuntos pagos ilegales relacionados con la concesión de la mina El Dorado.
Pese a haber sido censurado por el Congreso hace cinco meses y enfrentar varias investigaciones fiscales, Santiváñez fue nombrado ministro de Justicia el 23 de agosto. Antes de asumir ese cargo, se desempeñaba como abogado de policías implicados en ejecuciones extrajudiciales. También promueve que Perú se retire del Pacto de San José, con lo cual el país quedaría fuera de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
