El economista Guido Pennano alertó sobre la preocupante situación del Perú como el "país líder en controversias internacionales”, con veintiséis procesos vigentes que podrían costar al Estado hasta 30.000 millones de dólares, según estima.
Luego de Argentina y Venezuela, el Perú es actualmente el tercer país más demandado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en Sudamérica y uno de los que tiene la mayor cantidad de casos a nivel mundial. En el 2021, de acuerdo a las estadísticas del la entidad, el Perú fue el Estado más demandado a nivel mundial.
El precio de los litigios
A pesar de haber perdido solo 9 de los últimos 32 casos resueltos, los costos asociados a estos litigios, como la contratación de estudios de abogados y expertos internacionales, ascienden a millones de dólares por caso, una carga significativa para el erario público.
Pennano destacó que, aunque el Perú ha tenido éxito en la mayoría de los casos, el impacto económico es innegable. “Así ganemos esos procesos contenciosos, resulta que solo el proceso, el contratar al estudio de abogados, expertos internacionales y demás, nos cuestan entre 2 a 3 millones de dólares”, explicó.
Estos costos, aunque menores en comparación con las demandas que ascienden a 150 o 300 millones de dólares, se acumulan con los 26 procesos vigentes, generando una presión constante sobre las finanzas públicas. Tan solo el mes pasado, el MEF contrató un estudio internacional para defender al país en el arbitraje del Gasoducto Sur con un presupuesto de S/ 24.4 millones hasta 2029.
“Todo el mundo ha encontrado que es un lindo deporte enjuiciar al Perú”, afirmó Pennano, criticando las cláusulas en los contratos estatales, especialmente en asociaciones público-privadas (APP), que facilitan demandas ante el CIADI y evidencian la vulnerabilidad del país en los contratos internacionales.
Cláusulas problemáticas en contratos estatales
El economista señaló que el 70% de los contratos del Estado incluyen cláusulas que permiten a las empresas llevar disputas al CIADI, lo que facilita las demandas internacionales. Pennano criticó que incluso empresas involucradas en actos de corrupción puedan recurrir a este mecanismo.
Propuso que la sola presentación de una demanda debería invalidar el proceso en el CIADI, especialmente si se basa en solicitudes de indemnizaciones desproporcionadas. “Y si eres un ladrón o un corrupto, no tendrías por qué tener derecho a ir y llevarme al CIADI”, cuestionó.
Pennano instó al sector público a establecer mecanismos de protección para evitar que el Perú siga siendo un blanco fácil en controversias internacionales. “No es posible que estemos destinando recursos de esta manera”, afirmó, subrayando la necesidad de revisar las cláusulas de los contratos de APP y otros acuerdos estatales.
Sugirió incluir disposiciones que limiten el acceso al CIADI para empresas con antecedentes de corrupción o demandas injustificadas. “La misma solicitud de la demanda debería invalidar cualquier proceso en el CIADI”, propuso, buscando reducir la exposición del país a costosos litigios.
Cinco procesos de arbitraje sumados en el último año
Varios de los procesos que enfrenta el país han sido iniciados por empresas cuestionadas en el país por casos de corrupción o incumplimientos contractuales. Entre las más relevantes se encuentra Odebrecht, que demandó al Estado por el Gasoducto Sur Peruano, un megaproyecto que quedó paralizado en 2017 tras revelarse los sobornos de la constructora brasileña.
Otro caso emblemático es el de Rutas de Lima, concesionaria a cargo de peajes en la capital, que mantiene un arbitraje millonario contra la Municipalidad Metropolitana de Lima. La compañía, cuestionada por el alza de tarifas y las investigaciones fiscales contra sus socios, reclama indemnizaciones por supuestos incumplimientos de contrato.
A la lista se suman demandas recientes de empresas de distintos sectores. Solo entre 2024 y 2025, el CIADI admitió cinco nuevos procesos contra el Perú:
- Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., Cervecería San Juan S.A. y AB InBev Southern (30 de diciembre 2024), que buscan compensación por daños derivados de obligaciones internacionales bajo el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones entre Perú y Reino Unido.
- Concesionaria Angostura Siguas S.A. (16 de octubre 2024), vinculada a un proyecto de irrigación en Arequipa.
- Gasoducto Sur Peruano S.A. en liquidación (30 de julio 2024), asociado nuevamente a la polémica obra de Odebrecht.
- Gas Natural de Lima y Callao S.A. (1 de abril 2024), operadora de distribución de gas en la capital.
- Corporación Brookfield (27 de marzo 2025)
