La tarde del jueves 4 de septiembre, un nuevo episodio de violencia armada estremeció al distrito de Pachacámac. En el paradero 1 de Huertos de Manchay, pasajeros de un bus de la empresa Salamanca Parral S.A., conocida en la zona como “los verdes”, fueron sorprendidos por disparos que desataron el pánico entre gritos y llantos. El saldo inmediato: un trabajador de construcción civil muerto y tres personas heridas, entre ellas la cobradora de la unidad.
El ataque ocurrió cuando la unidad se desplazaba con varios pasajeros a bordo. Testigos señalaron que la víctima principal sería un obrero que regresaba de su jornada en una obra, presuntamente vinculada al nuevo Hospital Papa Francisco. La violencia fue tan rápida como precisa: los sicarios dispararon y huyeron sin dejar rastro.
Peritos de criminalística y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la zona para iniciar las investigaciones. Hasta el cierre de la jornada, las autoridades no habían confirmado la identidad del fallecido. Mientras tanto, familiares y vecinos permanecieron en los alrededores del paradero, rodeados por patrulleros y cintas de seguridad, a la espera de información oficial.
El eco de un crimen organizado en expansión
Lo ocurrido en Manchay no es un hecho aislado. Especialistas advierten que la violencia criminal ha comenzado a desplazar sus fronteras en Lima. El coronel en retiro Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), explica que se trata de un fenómeno progresivo. “En términos de seguridad, hasta los barrios considerados más seguros no están libres de que los criminales ingresen y cometan sus fechorías”, afirmó.
Durante años, distritos periféricos fueron identificados como escenarios recurrentes de balaceras, extorsiones y cobros ilegales. Sin embargo, la dinámica cambió: la criminalidad se mueve hacia zonas de crecimiento urbano acelerado, como Pachacámac, Cieneguilla y Lurín, donde los proyectos de construcción y el transporte público son blancos frecuentes.
Extorsión y sicariato: cifras que preocupan
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El crimen del paradero 1 de Manchay coincide con un aumento sostenido de denuncias por extorsión en Lima Metropolitana. De acuerdo con el Sistema de Información Policial (SIDPOL), más de 18 mil denuncias por extorsión fueron registradas en el Perú entre enero y agosto de 2025,
Ese crecimiento no solo marca la magnitud del problema, sino también su normalización. La extorsión se ha convertido en lo que especialistas denominan un “impuesto criminal”. Comerciantes, transportistas y trabajadores independientes viven bajo la presión de pagar sumas periódicas para evitar represalias. “Estamos frente a un fenómeno que afecta a ciudadanos comunes y no distingue sector económico”, advierten fuentes policiales.
Una ciudad bajo presión
El ataque en el bus de “los verdes” se suma a una secuencia de hechos que tensionan a la capital peruana. Lima enfrenta un escenario donde la violencia armada se mezcla con la expansión de organizaciones criminales que operan con lógica empresarial: cobran, intimidan y atacan sin dejar señales claras de sus autores.
Las cifras y los testimonios coinciden en un mismo punto: la violencia ya no se limita a territorios conocidos por su vulnerabilidad. Los disparos en Manchay mostraron que la capital se encuentra ante un desafío mayor, con expresiones de sicariato y extorsión que avanzan con rapidez hacia espacios donde la comunidad intenta mantener una vida cotidiana, pero que ahora se ve interrumpida por el miedo.
