El allanamiento de la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, puso en evidencia mensajes contradictorios entre el respaldo público y el deslinde institucional. Luego de la gala de declaraciones en rechazo a la medida autorizada por el Poder Judicial, las cuales se dieron a través de medios de comunicación, redes sociales y de manera oficial desde la PCM, distintos ministros indicaron que no es un respaldo particular al familiar de la mandataria.
Como se recuerda, apenas se conoció de la noticia, la mandataria aprovechó la ceremonia por el Día de la Defensa Nacional para cuestionar a la Fiscalía y asegurar que caso “es otro muñeco armado por algunos fiscales que impunemente fabrican carpetas fiscales sin ningún sentido jurídico, menos penal”.
Posteriormente, fueron los ministros los encargados de continuar con la férrea defensa al hermano de la mandataria. Uno de los primeros fue el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, quien a través de sus redes sociales hizo alusión a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) como argumento contra la medida, pese a que la misma aclara que la única aforada es la presidenta y “su entorno sí puede ser materia de investigación por parte del Ministerio Público”.
En la misma red, el ministro de Educación, Morgan Quero, expresó su rechazo a lo que calificó un “abuso de poder contra el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte”; mientras que el ministro de Vivienda, Durich Whittembury, calificó ante la prensa la medida de desmedida y arbitraria, y el titular del Ministerio de Economía, Raúl Pérez Reyes, habló en plural e indicó que “creemos que la Fiscalía y el Poder Judicial cometieron un exceso”.
Posteriormente, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, hizo un pronunciamiento junto a todo el gabinete ministerial en rechazo al allanamiento. De acuerdo con el comunicado oficial, la intervención fue calificada de “desproporcionada” y lesiva de derechos fundamentales, recurriendo a una figura procesal —el “tercer vinculado”— que, según el Ejecutivo, “no existe en nuestro ordenamiento jurídico”.
“A la luz de la medida de allanamiento solicitada por el Ministerio Público y autorizada por el Poder Judicial contra un miembro de la familia de la señora Presidenta de la República, [...] se advierte un uso desproporcionado de una medida excepcional, lo que trae consigo una seria afectación de derechos fundamentales amparados por la Constitución”, señaló y denunció “intentos de desestabilización” y “politización de la justicia”.
Sin embargo, la interpretación política y colectiva de tal pronunciamiento fue matizada poco después por declaraciones del ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro. Desde su cartera, Castro sostuvo que la postura del Ejecutivo solo cuestiona el procedimiento y mecanismo empleado para involucrar a Nicanor Boluarte en la investigación, no la defensa de la persona.
“No es una posición del Ejecutivo de defender al señor Boluarte, hermano de la presidenta, sino del mecanismo usado para poder involucrar al entorno más cercano a la presidenta”, afirmó el titular del Minam en CNN.
El propio premier, de forma más cauta, habló posteriormente de un supuesto problema nacional que “no es solo del hermano, sino de cualquier ciudadano”, sino que “ha tenido que pasarla a él para que se vea que en todo el Perú hay un problema sustancial”. “No hablo del tema particular de la persona, sino de un modelo procesal que no asegura que la justicia se pueda conseguir. Cualquier ciudadano puede estar en situación de riesgo”, expresó en RPP.
Mientras que el titular del MTC también aclaró, en entrevista con Exitosa, que “no es que estemos defendiendo a Dina Boluarte o Nicanor Boluarte, estamos defendiendo la institucionalidad”.
¿El allanamiento a Nicanor Boluarte es legal?
Pese a las críticas y rechazo al allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, el exprocurador Iván Meini aclaró que es una medida excepcional, pero válida.
“No vería yo aquí una venganza política. La ley permite excepcionalmente y quiero poner énfasis en esto que de manera excepciona se pueda allanar el domicilio de una persona natural o jurídica que no está siendo investigada formalmente en una carpeta fiscal. […] La ley permite el allanamiento de terceros vinculados a los hechos, siempre que haya indicios razonables y aprobación judicial”, sostuvo en Canal N.
