El primer vicepresidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, solicitó ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la destitución del juez Richard Concepción Carhuancho. La petición surge luego de que el magistrado declarara inaplicable la Ley 32107 mediante el uso del control difuso, en el contexto de una investigación contra el coronel en retiro Arturo Castro Arias por un presunto homicidio calificado ocurrido en 1984 en Ayacucho. Para el parlamentario de Fuerza Popular, el magistrado incurrió en actos “ilegales y prevaricadores” al no hacer cumplir una normativa aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo.
Durante una conferencia de prensa, el legislador explicó que su denuncia detalla antecedentes en los que el mismo juez habría dejado de aplicar otras leyes. Acusó a Concepción Carhuancho de actuar de forma sistemática y de “burlarse del sistema republicano de división de poderes”, al decidir no acatar decisiones legislativas vigentes.
La norma en cuestión es la Ley 32107, la cual fue promulgada en agosto de 2024, y dispone la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002. Sin embargo, Concepción Carhuancho decidió no aplicar la norma, argumentando su incompatibilidad con la Constitución Política del Perú y con estándares internacionales de derechos humanos.
El auto emitido por el magistrado sostuvo que la Ley 32107 “sería contraria a la Constitución; por ende, debe inaplicarse bajo la figura del control difuso... que establece: de existir incompatibilidad de una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera”. Además, el fallo resalta que mantener la prescripción impediría el acceso a la justicia para las víctimas y su derecho a conocer la verdad de los hechos, derechos reconocidos en tratados internacionales ratificados por Perú.
Al respecto, el fujimorista argumentó que el magistrado “no está capacitado para aplicar el control difuso porque la Corte Suprema ha establecido que eso solamente se hace en una sentencia y este juez no sentencia, es un juez de primera instancia”. Añadió también que se trata de “una prueba evidente de cómo este sistema de justicia politizado y prevaricador persigue a militares y policías que derrotaron el terrorismo”.
Los hechos investigados corresponden a la presunta matanza de varios comuneros en el anexo San Martín de Chupón, en Ayacucho, quienes habrían sido acusados de pertenecer a grupos subversivos, torturados y asesinados en marzo y abril de 1984. En ese sentido, según el auto del juez, resulta imprescindible continuar con la investigación para esclarecer lo ocurrido y evitar la impunidad.
Pronunciamiento de asociación de jueces
Las declaraciones de Rospigliosi motivaron una respuesta inmediata de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM), organización que rechazó de manera enfática los señalamientos de prevaricato contra jueces que ejercen control difuso. JUSDEM recordó que este mecanismo es un deber funcional ineludible del Poder Judicial para garantizar la supremacía de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
A través de un comunicado, la agrupación advirtió que “criminalizar decisiones ajustadas a la Constitución y el derecho internacional atenta contra la independencia judicial y busca inhibir a jueces y juezas en el cumplimiento de su deber”.
