El abogado Carlos Rivera, quien ejerce la defensa legal de los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta —los casos por el que fue condenado el exdictador Alberto Fujimori—, cuestionó duramente este lunes la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia.
En diálogo con Exitosa, el letrado consideró que la decisión de la presidenta Dina Boluarte no solo representa un grave desacierto político, sino también un retroceso institucional. “Es un craso error del gobierno pretender que un tipo, disculpando la palabra, el acobardado del barrio (diga) ‘yo sí me salgo de la Corte IDH’. Eso, en realidad, el Estado peruano ya lo ha venido desarrollando”, advirtió.
Se refirió a acciones recientes del Ejecutivo que, en su opinión, evidencian una intención de apartarse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “Hace dos semanas ha designado una comisión a nivel de Relaciones Exteriores para crear un poco la normatividad de cómo se debería elegir la comisión de notables que va a hacer el proceso de evaluación de si es que el Perú se mantiene o no”, explicó.
Rivera también alertó sobre el incumplimiento de las obligaciones internacionales desde la excarcelación de Fujimori, por la cual la Corte IDH declaró en desacato al Estado peruano. “A partir de entonces, Perú entró en una peligrosísima situación (...). No está cumpliendo los mandatos”, sostuvo.
Para el abogado, esta situación coloca al país en una ruta comparable con regímenes autoritarios de la región. “Esa es nuestra más dramática aproximación a situaciones como Venezuela o Nicaragua. Estamos caminando en esa dirección”, advirtió.
Finalmente, lamentó que las principales víctimas de este posible aislamiento internacional serían los ciudadanos más vulnerables. “Lamentablemente, los que van a perder en verdad es la gente de a pie que no encuentra justicia en nuestro país y que tiene la posibilidad de recurrir al sistema interamericano”, señaló. Y recordó la importancia de las sentencias internacionales: “Cuando se logra, las sentencias de la Corte marcan precedentes de carácter jurisprudencial”.
En diciembre de 2023, la Corte IDH declaró que el Perú incurrió en un desacato al liberar a Fujimori, en contra de resoluciones previas que le ordenaban abstenerse de hacerlo. El tribunal internacional precisó que la medida contravenía lo dispuesto en la resolución de medidas urgentes del 5 de diciembre del mismo año, así como en las resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia emitidas el 30 de mayo de 2018 y el 7 de abril de 2022.
El exautócrata, quien cumplía una condena de 25 años por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, fue indultado inicialmente en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, la Corte ya había advertido que ese beneficio no cumplía con los estándares del derecho internacional aplicables en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
A pesar de esta advertencia, el 6 de diciembre de 2023, Fujimori abandonó la prisión por orden del Tribunal Constitucional, lo que provocó una nueva confrontación entre la justicia nacional y el sistema interamericano.
La Corte IDH también exigió al Estado peruano presentar un informe detallado sobre los avances en las investigaciones, juicios y eventuales sanciones vinculadas a los crímenes cometidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Además, el país deberá remitir actualizaciones trimestrales hasta que el tribunal lo disponga.
Perú se convirtió así en el segundo país de la región declarado en desacato por este organismo. El primero fue Nicaragua, tras incumplir múltiples resoluciones relacionadas con la protección de derechos fundamentales de ciudadanos perseguidos por el régimen de Daniel Ortega.
