El ahora ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, solicitó al Poder Judicial que ordene a la Fiscalía de la Nación concluir la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado. La causa está vinculada a la contratación de Anatoly Bedriñana durante su paso por el Ministerio del Interior.
Según consta en un escrito presentado el pasado 7 de agosto por su defensa legal, Santiváñez pidió que se ejecute un control de plazos respecto a esta investigación preliminar, con el argumento de que la Fiscalía ya habría tenido el tiempo suficiente para desarrollar las diligencias del caso.
El documento recuerda que, el 3 de julio, la defensa del ministro ya había solicitado al Ministerio Público dar por concluidas las indagaciones y emitir la disposición correspondiente.
La solicitud fue elevada al despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó una audiencia virtual para el próximo 1 de septiembre a las 09:30 de la mañana. En esta cita, ambas partes procesales expondrán sus argumentos y el magistrado definirá si corresponde o no cerrar la etapa preliminar.
Un regreso polémico al gabinete ministerial
El pedido de Santiváñez ocurre pocos días después de que la presidenta Dina Boluarte le tomara juramento como nuevo titular de Justicia y Derechos Humanos, en una ceremonia realizada el sábado 23 de agosto en Palacio de Gobierno.
Se trata de su regreso al gabinete ministerial, aunque en realidad nunca se desvinculó del entorno presidencial. Tras ser censurado por el Congreso en su gestión como ministro del Interior, Santiváñez pasó a ocupar una oficina dentro del Despacho Presidencial, cuyas funciones no fueron precisadas públicamente.
Su censura en el Parlamento respondió, principalmente, a los cuestionamientos por la gestión en seguridad ciudadana, pero también se vio alimentada por las investigaciones fiscales abiertas en su contra.
Procesos fiscales y restricciones judiciales
Actualmente, sobre Juan José Santiváñez pesa una orden de impedimento de salida del país por 18 meses, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias.
De acuerdo con la Fiscalía, Santiváñez habría exigido dinero a allegados de un cliente suyo —cuando aún ejercía la defensa privada— para influir en decisiones del Tribunal Constitucional. Además, se le atribuye haber gestionado en el INPE para evitar el traslado de dicho interno a otro penal, todo ello mientras ocupaba ya cargos públicos en el Ministerio del Interior.
A estas indagaciones se suma un episodio más reciente: el 15 de agosto, el ministro no se presentó a la diligencia de toma de muestra de voz que debía servir para contrastar grabaciones en las que se le atribuyen graves afirmaciones. En estos audios, supuestamente, Santiváñez comentaba sobre la fuga de Vladimir Cerrón en el cofre presidencial, un presunto plan del Gobierno para cerrar la Diviac y hasta la orden de “controlar” al periodista Marco Sifuentes. El ministro ha negado la veracidad de este material.
Los cuestionamientos políticos
El nuevo pedido de Santiváñez al Poder Judicial volvió a encender críticas desde distintos sectores políticos y de la sociedad civil, que cuestionan que un ministro de Estado en funciones continúe acumulando investigaciones fiscales mientras ocupa uno de los cargos más sensibles del Gobierno.
Su defensa sostiene que se trata de procesos con motivaciones políticas y que las solicitudes buscan garantizar el respeto al debido proceso. Sin embargo, opositores señalan que el caso revela la fragilidad del gabinete ministerial y la falta de filtros en la designación de funcionarios de alto nivel.
Lo que viene
La audiencia del 1 de septiembre será clave para definir si la investigación preliminar contra Santiváñez llega a su fin o si, por el contrario, la Fiscalía obtiene más plazo para continuar con sus diligencias.
