El reciente fallo del Tribunal Constitucional que suspendió tres investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte ha puesto en el centro de la polémica el papel del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por su abierto respaldo a la posición del Ejecutivo y su alineamiento en la defensa de la figura presidencial.
Durante una actividad pública, Boluarte calificó la decisión judicial como parte de su “legado” al frente del Gobierno, aludiendo a una supuesta victoria institucional. Este pronunciamiento coincidió con la postura del defensor del Pueblo, quien celebró abiertamente el fallo del TC. “Hay un manto de protección que lo ha señalado el TC y sobre eso no se debe discutir más”, sostuvo, remarcando que el tema ya estaba resuelto en términos jurídicos y políticos. “Como el TC ya zanjó el tema, no hay nada pendiente”, insistió ante la prensa.
Consultado directamente sobre si la decisión significaba un blindaje para la presidenta, Gutiérrez mencionó que “no, igual le hubiera dicho con Pedro Castillo”. Además, justificó que en el caso de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides había una diferencia procesal: “Claro que sí [obró mal], pero para entonces no se tenía esta sentencia que ahora se tiene, en el futuro nadie va a hacer esto”. Sin embargo, Punto Final reveló que la actuación de Gutiérrez no solo se redujo a declaraciones públicas.
Un informe interno de la Defensoría del Pueblo, elaborado en septiembre de 2024 y presentado en el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia (donde participan la presidenta, el Congreso, el Poder Judicial y otros altos funcionarios), proponía modificar el artículo 117 de la Constitución para limitar aún más la posibilidad de que el jefe de Estado sea investigado durante su mandato. Específicamente, Gutiérrez planteó que se insertara la palabra “investigado” en ese artículo, permitiendo así solamente indagaciones si los hechos encajan en los delitos ya definidos en la Constitución, como traición a la patria o impedir elecciones.
Este documento N° 226, pese a que data de casi un año, no figura hasta el momento en el portal oficial de la Defensoría. Consultado de por qué el informe no aparecía, Gutiérrez respondió: “Déjame verlo, pero si está firmado por una adjuntía todas se publican”. Asimismo, justificó su elaboración alegando la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática. “Mira, a la presidenta Boluarte no sé cuántas carpetas le abrieron, le patearon la puerta y no le protege en nada. Si en estos momentos sale una denuncia periodística y aparece un hecho que constituye delito, la fiscalía iniciaría los actos indagatorios y las pesquisas necesarias”, expuso.
La actitud de Gutiérrez contrasta con la postura institucional que la propia Defensoría del Pueblo sostuvo dos años atrás, durante la gestión de Walter Gutiérrez. Entonces, la entidad defendía que el presidente debía poder ser investigado mientras ocupaba el cargo, pero sin ser acusado, una interpretación mucho más restrictiva y menos favorable para el Ejecutivo. La constitucionalista Beatriz Ramírez advirtió sobre “un viraje sin explicaciones” y remarcó que “el 117 no tiene que ver con propuestas para el sistema de justicia”.
Preguntado por si buscaba que su recomendación llegara al Congreso para convertirse en ley, Gutiérrez mencionó que no pidió que se vote. “Solo lo compartí”, defendió.
Cabe mencionar que no es la primera vez que el rol de la Defensoría durante el proceso en el Tribunal Constitucional estuvo lejos de la neutralidad. En el pasado Gutiérrez optó por presentar un Amicus Curiae a favor de la presidenta, utilizando argumentos similares a los expuestos en su informe no divulgado.
