El expresidente Martín Vizcarra decidió no impugnar legalmente la decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de retirarlo del Penal Barbadillo y trasladarlo al Penal Ancón II para que cumpla en este último centro penitenciario los 5 meses de prisión preventiva que se le impuso por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
“Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar, no me van a doblegar”, dijo Vizcarra a través de su cuenta en X (antes Twitter).
Aunque calificó la orden de la Junta Clasificadora del INPE como “injusta y arbitraria”, el expresidente dio a conocer que solicitó a sus abogados que ya no inician las acciones legales para revertir la decisión administrativa. “Sin embargo, seguiré luchando por la recuperación de la democracia y la unión de los peruanos contra el pacto mafioso que nos gobierna”, apuntó.
Como se recuerda, esta semana, el INPE anuló la resolución que clasificó a Martín Vizcarra en el Penal Barbadillo de Ate. Según el puntaje que obtuvo, tendría que haber sido internado en el Penal Lurigancho; sin embargo, luego se determinó que sería Ancón II.
Responsabiliza a Dina Boluarte
El expresidente Martín Vizcarra denunció una motivación política en la orden de traslado desde el penal de Barbadillo al penal Ancón II, decisión que calificó como carente de sustento técnico y jurídico. Antes de su traslado, Vizcarra ofreció una entrevista a RPP, donde expresó que su situación responde a directivas del Ejecutivo y no a conclusiones técnicas del INPE.
De acuerdo con la versión del exmandatario, las juntas calificadoras del INPE habrían recomendado que permaneciera en el penal de Barbadillo. “Las dos juntas recomendaron que me quede en Barbadillo. Eso fue absolutamente claro. Pero si se decidía otra cosa, era porque había una decisión política”, indicó Vizcarra, quien vinculó las órdenes a despachos superiores dependientes del Ministerio de Justicia y la administración de la presidenta Dina Boluarte. El exjefe de Estado afirmó que uno de los profesionales del INPE le advirtió que cualquier variación en su situación no respondía a razones técnicas, sino a directrices políticas.
Vizcarra relató que la primera junta evaluadora del INPE se reunió el 14 de agosto, apenas un día después de que ingresó a Barbadillo, y resolvió recomendar que continuara en ese penal. Otra junta se formó el 20 de agosto con la misma finalidad y reafirmó la recomendación anterior. Vizcarra señaló: “Ya desde ahí sentí algo raro: que quieran calificar y clasificar a una persona en menos de una semana. Y nuevamente, esa junta ratificó que debía continuar en Barbadillo”.
El expresidente criticó la orden de prisión preventiva dictada en su contra el 13 de agosto, alegando que el juez fundamentó la medida con el argumento de falta de arraigo familiar, situación que rechazó por considerar que mantiene vínculos con su esposa, hija y nietos. Aseguró: “He sido absolutamente respetuoso de todas las normas, incluso de no comunicarme con el exterior. Pero frente a estos abusos, me veo obligado a hablar, aunque pueda generarme algún problema personal”.
En contraste, el INPE difundió un comunicado negando cualquier tipo de interferencia política en el proceso de traslado del exmandatario. El documento sostiene que “no ha habido interferencia de ninguna instancia, ni pública ni privada” en la decisión sobre la ubicación penitenciaria y reitera que esta se adoptó conforme a la normativa vigente.
Alrededor de las 8:00 p.m. del jueves 22 de agosto, el expresidente Vizcarra fue trasladado definitivamente al penal Ancón II. La Defensoría del Pueblo había exhortado previamente al INPE a garantizar el respeto de los derechos fundamentales del exmandatario y a asegurar que su ubicación respondiera a criterios técnicos y de seguridad.
