Juan José Santiváñez vuelve a ser ministro de Estado, esta vez al frente de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. La presidenta Dina Boluarte generó sorpresa al anunciar cambios en el gabinete de Eduardo Arana.
Tras su accidentada salida del Ejecutivo, cuando fue censurado por el Congreso de la República como titular del Interior, Santiváñez permaneció dentro del círculo más cercano de la mandataria y asumió la jefatura de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial. Aunque sus funciones en dicho cargo no eran del todo claras, optó por mantener un perfil bajo y evitar declaraciones públicas. Hoy vuelve a la luz, esta vez al mando de un ministerio clave para la estrategia política del gobierno.
La principal interrogante es cuál será su verdadero rol en el Gabinete, considerando que su regreso supone un desafío directo al Congreso que lo censuró.
Acelerar la salida de la Corte IDH
El Ejecutivo anunció la creación de una comisión para evaluar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta propuesta ya había sido planteada por Eduardo Arana cuando solicitó el voto de confianza. La iniciativa, respaldada por un sector mayoritario del Parlamento, también favorecería a Boluarte, quien afronta investigaciones por las muertes ocurridas durante las protestas al inicio de su gobierno. Aunque un eventual retiro de la Corte no sería inmediato y podría concretarse recién en el siguiente mandato, desde el Minjus Santiváñez tendría un papel clave para iniciar el proceso de denuncia del Pacto de San José.
Normas para blindar al Ejecutivo
Además de impulsar un eventual retiro de la Corte, que podría servir como escudo frente a denuncias por violaciones a derechos humanos, Santiváñez tendría la posibilidad de promover iniciativas legales para brindar protección a la mandataria frente a otras investigaciones.Cabe recordar que tanto él como Boluarte fueron denunciados por presunto encubrimiento en el caso Cofre, a raíz de audios que evidenciarían protección al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Actualmente, sobre el ministro pesa un impedimento de salida del país por 18 meses.
Enfrentamiento con el Ministerio Público
Cuando estuvo al mando del Ministerio del Interior, Santiváñez mantuvo constantes choques con los fiscales, a quienes acusaba de liberar a los delincuentes que la Policía Nacional capturaba. Ahora, desde el Minjus, podría recurrir al Tribunal Constitucional para delimitar los supuestos bajo los cuales un presidente puede ser investigado. Asimismo, no se descarta que impulse represalias contra los fiscales y policías que participaron en el allanamiento de la vivienda de Dina Boluarte, una medida que ya había sido anticipada por su antecesor, Eduardo Arana.
El caso Vizcarra y el INPE
Otro aspecto sensible de su gestión estaría vinculado al traslado penitenciario del expresidente Martín Vizcarra. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que depende directamente del Ministerio de Justicia, ejecutó el cambio de penal, decisión que el exmandatario denunció como una medida con motivaciones políticas.
Como el traslado de Vizcarra ha sido cuestionado por especialistas, desde su sector, Santiváñez podría ser clave en hacer control de daños y calmar los cuestionamientos.
