La violencia criminal ya no se concentra solo en la zonas periféricas de Lima. La capital enfrenta ahora un fenómeno que alarma a especialistas, vecinos y autoridades: el crimen organizado y el sicariato se expanden hacia los distritos que hasta hace poco eran percibidos como espacios seguros y turísticos.
El coronel en retiro Juan Carlos Liendo, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), advierte que se trata de un proceso progresivo. “En términos de seguridad, hasta los barrios considerados más seguros no están libres de que los criminales ingresen y cometan sus fechorías”, señala.
Distritos residenciales bajo amenaza
Las cifras policiales muestran que la criminalidad ya no distingue entre zonas periféricas y distritos residenciales. Miraflores, por ejemplo, pasó de reportar un solo homicidio en 2020 a seis en lo que va del año. Los datos de la SIDPOL, que datan de enero a julio del 2025, revelan que en San Borja los delitos contra la vida casi se duplicaron, pasando de 40 a 77 casos (93% más), mientras que en La Molina también se registra un incremento preocupante, con un alza del 66% en este tipo de denuncias (de 50 a 83). En San Isidro, el crecimiento fue del 30%, con 56 casos reportados entre enero y julio de este año.
Si bien algunos delitos patrimoniales muestran descensos —como en Miraflores, que pasó de 5.219 denuncias en 2024 a 3.250 en 2025—, las cifras continúan siendo altas y reflejan que los robos, asaltos y arrebatos de celulares se mantienen como la principal preocupación de los vecinos. La idea de “bolsas de tranquilidad” en distritos modernos y turísticos se desvanece ante los números.
Casos recientes que encendieron las alarmas
El incremento de la violencia se ha hecho visible en una serie de casos recientes que impactaron a la opinión pública. Uno de los más sonados ocurrió el pasado 16 de agosto, cuando el agente inmobiliario Gianfranco Carlo Navarro Chirieleison fue asesinado a balazos dentro de su camioneta, a pocos metros del Óvalo Gutiérrez, en Miraflores.
Meses antes, en abril, otro ataque armado sembró el pánico en la concurrida zona de La Mar. Una camioneta Porsche fue acribillada por motociclistas, dejando herido de gravedad al suboficial brigadier PNP Ángel Gilmar Belleza Zapata, asignado a tareas de seguridad privada para un empresario. El hecho expuso cómo el sicariato y la extorsión alcanzan incluso a funcionarios en activo.
La violencia también se ha trasladado a San Isidro, donde cinco sospechosos fueron detenidos tras un robo en una vivienda. Lo que sorprendió fue que cuatro de ellos eran menores de edad, uno de apenas 11 años. Según la Policía, el mayor de los implicados acumulaba antecedentes por robos e incluso un homicidio en los últimos meses.
En La Molina, el 5 de agosto, delincuentes perpetraron un violento asalto en la galería La Molina II. La banda había alquilado un stand días antes y lo utilizó como fachada para ingresar y robar joyas de al menos nueve locales. El atraco mostró la planificación y capacidad logística con que operan las organizaciones criminales en zonas residenciales.
Sensación de abandono
Para el coronel Liendo, este fenómeno tiene paralelos con el pasado. “Esta expansión no es algo nuevo, podemos compararlo con la expansión de Sendero Luminoso en los años 80 y 90. (...) estamos en el mismo proceso, obviamente hay diferencias, pero ante ausencia del Estado esos espacios son cubiertos por la violencia y el crimen”, señaló.
El exjefe de la DINI subrayó que el gobierno debe reaccionar: “si el Estado no se defiende, serán los criminales quienes dirijan la vida de los peruanos porque hay un Estado ausente”. La percepción ciudadana confirma esa sensación de abandono. “No hay nada que hacer, nuestro país está peor”, expresó una vecina miraflorina tras el último asesinato en su distrito.
