La reciente ola de violencia en Trujillo y el atentado con dinamita registrado en la ciudad la noche del 14 de agosto han puesto en el centro del debate público a las autoridades regionales y nacionales. En medio de la preocupación colectiva, César Acuña, gobernador regional de La Libertad, defendió su gestión y recalcó que la responsabilidad principal por la crisis de inseguridad recae en el gobierno central y la Policía Nacional del Perú (PNP).
El ataque, uno de los más violentos que ha vivido la ciudad en los últimos años, fue atribuido a la organización criminal Los Pepes y dejó al menos cinco heridos, más de veinte viviendas dañadas y cortes masivos de electricidad. La detonación de entre 15 y 20 cartuchos de dinamita, según confirmaron las autoridades, fue dirigida al domicilio de la madre de Sergio Bolaños, exintegrante de la banda Los Pulpos. El acto fue parte de una disputa abierta por el control territorial y de extorsiones en la región norte, protagonizada por bandas como Los Pepes, Los Pulpos y La Jauría.
Consultado sobre su papel ante la crisis, César Acuña insistió en que su función no es la de garantizar directamente la seguridad ciudadana. “Recuerden que quien se encarga de la seguridad es la Policía Nacional, pero algunas personas pretenden responsabilizar al gobernador, lo cual no es así”, afirmó el titular de la región. Acuña resaltó que La Libertad ha realizado inversiones significativas en apoyo logístico y recursos para la fuerza pública, pero subrayó que la capacidad operativa para enfrentar la ola de crímenes corresponde principalmente al Ejecutivo y a la Policía.
A la polémica se sumó la situación de más de ochenta motocicletas policiales que permanecen almacenadas en una cochera regional, a la espera de regularización de documentos y placas. La demora en ponerlas a disposición de la policía ha desatado críticas, especialmente cuando la criminalidad golpea a Trujillo. Acuña explicó que los trámites administrativos aún no culminan y remarcó que las motocicletas se entregarán cuando el proceso sea completado legalmente.
En el debate se sumó la voz del congresista Eduardo Salhuana, integrante de Alianza para el Progreso (APP), partido fundado por Acuña. El expresidente del Congreso reafirmó ante los medios que, si bien toda gestión pública es perfectible y se aceptan críticas para mejorar, la crisis actual en Trujillo es, sobre todo, consecuencia del déficit estructural que afecta al sistema de seguridad nacional. “Tenemos que verlo con un sentido integral, holístico. Se incorporan cuatro mil policías y se retiran siete mil. Hay un problema estructural en torno a la seguridad ciudadana. [...] Lo que amerita aquí es declarar en emergencia la policía y una completa y total reorganización”, sostuvo e insistió que APP no ha dirigido nunca el Ministerio del Interior ni la PNP, y que la solución exige una política nacional articulada y sostenida.
Sobre la solicitud de declarar estado de sitio, propuesta por el gobernador, consideró que presenta obstáculos constitucionales, ya que no corresponde a una situación de guerra civil o invasión. En cambio, abogó por una estrategia integral y un rediseño del sistema policial para enfrentar la dinámica del crimen organizado que se ha sofisticado y extendido en Trujillo y otras regiones.
