El congresista Alfredo Azurín Loayza realizó una visita inopinada a la comisaría de Apolo y al Escuadrón Verde, donde encontró un panorama alarmante: chalecos antibalas vencidos con más de 15 y hasta 20 años de antigüedad, varios de ellos incluso rotos. El hallazgo, según expresó en sus redes sociales, revela que los agentes policiales patrullan las calles en condiciones precarias y sin la protección necesaria para enfrentar a la delincuencia.
“Un chaleco vencido no detiene una bala. Un chaleco roto es una sentencia de muerte”, señaló el parlamentario, quien recordó su propia condición de policía en retiro para dar cuenta de la gravedad de lo que observó. En su pronunciamiento, exigió que el Ministerio del Interior acelere la compra de equipos nuevos y certificados, capaces de garantizar la integridad de quienes diariamente se enfrentan a la criminalidad. “Es inaceptable que el Estado ponga en riesgo la integridad de quienes todos los días ponen el pecho por nuestra seguridad”, escribió en su publicación.
Para Azurín, la exposición innecesaria de los efectivos es un reflejo de la desatención estatal hacia la primera línea de defensa ciudadana. “Proteger a quienes nos defienden es una obligación moral y legal. ¡Basta de exponer la vida de nuestros policías por negligencia!”, subrayó en su mensaje, que rápidamente generó eco en la opinión pública.
Reconocimiento del ministro del Interior
Días antes, el ministro del Interior, Carlos Malaver, reconoció públicamente que el Estado no dispone de chalecos suficientes para cubrir la demanda nacional de la Policía. Explicó que el último proceso de adquisición, destinado a dotar de más de tres mil unidades, quedó sin efecto luego de detectarse irregularidades en la documentación presentada por las empresas proveedoras.
El titular del sector indicó que, frente a este escenario, se prevé la llegada de una donación de cuatro mil chalecos provenientes de China. Sin embargo, aceptó que la cifra resulta insuficiente para cubrir la necesidad total. “Es la realidad que hemos heredado”, expresó Malaver al ser consultado sobre la precariedad que obliga a muchos agentes a costear sus propios equipos.
El ministro evitó precisar cuántos policías compran chalecos de su propio bolsillo, aunque admitió que este problema persiste desde gestiones anteriores y que la actual administración aún no consigue revertirlo.
De acuerdo con Malaver, el Ministerio del Interior había planificado un procedimiento de adquisición de más de tres mil chalecos antibalas, pero la detección de inconsistencias en los documentos presentados obligó a anular la compra. La decisión se adoptó para evitar mayores riesgos legales y administrativos.
El funcionario adelantó que se busca iniciar un nuevo proceso bajo la responsabilidad de la Región Policial Lima, aunque no ofreció fechas concretas ni para el lanzamiento de la convocatoria ni para la entrega del material. La ausencia de plazos definidos mantiene en incertidumbre a los efectivos que, mientras tanto, continúan utilizando chalecos desgastados por el tiempo o directamente vencidos.
Policías obligados a comprar su propia protección
Uno de los puntos más sensibles en las declaraciones ministeriales fue el reconocimiento de que existen policías que deben adquirir chalecos por cuenta propia. El ministro señaló que esta situación se mantiene desde periodos pasados, sin que hasta ahora se haya logrado revertir.
La falta de un sistema de dotación integral obliga a muchos efectivos a buscar alternativas en el mercado privado, lo que implica un gasto considerable en equipos de seguridad personal. El problema se agrava en las unidades que operan en zonas de alto riesgo, donde la exposición frente a la delincuencia es mayor y la ausencia de equipamiento adecuado incrementa la vulnerabilidad.
En paralelo al debate sobre los chalecos antibalas, el ministro Malaver mencionó que la Contraloría General de la República ha asumido competencia en la investigación sobre la adquisición de vehículos asignados a la Policía Nacional. Además, la Oficina de Integridad del propio ministerio desarrolla una evaluación interna sobre otras compras efectuadas en la institución.
El ministro se abstuvo de ofrecer más detalles, señalando que no emitirá comentarios adicionales hasta que las investigaciones concluyan. Reiteró que las deficiencias actuales son consecuencia de gestiones previas y que la administración actual enfrenta el reto de corregir los errores acumulados.
