El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz dictó nueve meses de prisión preventiva para cinco agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tras acusaciones de haber sometido a una reclusa del penal Víctor Pérez Liendo a actos de tortura en mayo de 2024. Esta es la primera vez que una medida de este tipo se aplica a nivel nacional contra personal penitenciario por este delito, según registros de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Áncash.
La historia comenzó el 18 de mayo de 2024, en el penal ubicado en la ciudad de Huaraz. Según la investigación realizada por la fiscal provincial Ada del Rocío Príncipe Asencios, la interna identificada con las siglas A. Y. N. C., de 27 años, fue víctima de prácticas que configuran el delito de tortura. Los agentes Diana Becsy Conco Vega, Hardy Jesús Boyer García, Edith Carmen Maguiña Figueroa, Erick Javier Arango Loli y Max Brayan Valdiviezo Gayoso permanecen señalados como autores directos de los hechos.
Ese día, los cinco agentes habrían engrilletado a la interna, procediendo luego a someterla a diversas formas de violencia. De acuerdo con el relato recogido en la carpeta fiscal, la víctima sufrió asfixia por sumersión del rostro con baldes de agua, palizas mientras estaba envuelta en una frazada, desnudez forzada, golpes con palos, arrastre por diversas zonas del penal y finalmente abandono en una celda. La severidad de las agresiones provocó una fractura en uno de sus pies, hematomas en la cabeza y el cuerpo, así como lesiones múltiples y escoriaciones.
La joven, quien cumple condena y es madre, recibió auxilio finalmente por parte de sus compañeras de pabellón, quienes la trasladaron al área médica del penal debido a la gravedad de sus heridas. La intervención oportuna evitó consecuencias aún más graves para su salud.
Las autoridades actuaron sobre la base de estos hechos y la extensa documentación presentada por la fiscal Ada Príncipe, solicitando la prisión preventiva para los cinco agentes a fin de garantizar el desarrollo de las investigaciones y evitar riesgos procesales. El Ministerio Público informó que el juzgado también emitió órdenes de captura para ejecutar la medida contra los imputados. Además, dispuso comparecencia con restricciones para otras dos personas implicadas en los hechos: Hellem Geraldine Linares Vergara y Jhordy Kebyw Apolinario Arroyo, quienes deberán cumplir con reglas de conducta específicas mientras se esclarecen los hechos.
El Ministerio Público considera que este caso representa un giro relevante en la lucha contra la violencia institucional y los abusos en centros penitenciarios del país. En un pronunciamiento oficial, la fiscalía subrayó que esta resolución reafirma el compromiso del Estado peruano con la persecución de los delitos contra la humanidad y la salvaguarda de derechos humanos de la población carcelaria.
Las autoridades continúan recogiendo testimonios y evidencias de lo sucedido para determinar el grado de responsabilidad de cada involucrado. Se confirmó que la víctima permanece bajo resguardo, y organizaciones defensoras de derechos humanos han manifestado su interés en el seguimiento del proceso.
La resolución judicial traza un precedente sobre cómo los delitos cometidos al amparo de la autoridad penitenciaria serán afrontados por el sistema de justicia peruano. El caso permanece abierto y las investigaciones continuarán en los próximos meses para garantizar que todos los implicados rindan cuentas de sus actos ante la ley.
