La reciente orden de prisión preventiva contra el expresidente peruano Martín Vizcarra marca un nuevo capítulo en las investigaciones sobre presuntos sobornos relacionados con los megaproyectos Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua.
La decisión del Poder Judicial, que dispone cinco meses de encarcelamiento en el penal Barbadillo, donde están recluidos otros exmandatarios como Pedro Castillo, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, ya generó un fuerte impacto en el escenario político y judicial del país.
Por qué irá preso Martín Vizcarra
El miércoles 13 de agosto, el juez Jorge Chávez Tamariz, de la Corte Superior Nacional, determinó que Martín Vizcarra debe enfrentar prisión preventiva por presuntamente haber aceptado pagos ilícitos de constructoras durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014.
La resolución judicial consideró la existencia de riesgo de fuga y la posibilidad de obstaculización a las pesquisas fiscales. Esta medida restrictiva responde a la convicción del tribunal de que “se cumplen los requisitos de ley, como el riesgo procesal elevado”.
La acusación formal sostiene que el exmandatario habría recibido 2,3 millones de soles en coimas (sobornos) a cambio de adjudicar obras públicas claves a los consorcios Obrainsa-Astaldi e ICCGSA-Incot.
La Fiscalía tipificó el delito como cohecho pasivo propio y solicita que la condena alcance 15 años de cárcel y nueve de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Los casos en cuestión
Según los expedientes, el Ministerio Público imputó a Vizcarra la entrega de información confidencial sobre el proyecto agrícola Lomas de Ilo al consorcio liderado por Obrainsa, que habría transferido un millón de soles como pago irregular y cubierto costos logísticos adicionales, como el alquiler de una avioneta.
Las entregas de dinero, conforme a las investigaciones, se habrían concretado entre enero y abril de 2014.
En el caso del Hospital Regional de Moquegua, la tesis fiscal indica que el mandatario condicionó la firma del contrato al pago de 1,3 millones de soles por parte del consorcio hospitalario, integrado por ICCGSA e Incot. Parte del dinero, según los testimonios, fue gestionada por medio del exministro José Hernández, señalado como intermediario.
Las constructoras involucradas no enfrentan cargos penales directos, pero sí una demanda civil que busca que paguen, junto a Vizcarra, una reparación al Estado equivalente al doble del monto del soborno, es decir, 4,6 millones de soles.
Despliegue judicial
El proceso judicial incluye una larga cronología de actos, desde la apertura de la investigación preliminar en 2020 hasta la audiencia decisiva de ayer, miércoles 13 de agosto de 2025.
Durante una audiencia, la Procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato argumentó que el mandatario “ofertó su función pública” en dos contratos emblemáticos, modificando los términos de las licitaciones a cambio de ventajas económicas ilegales.
El procurador Carlos Fernández Muñoz subrayó el daño institucional: “El acusado Martín Vizcarra ofertó su función pública... No una sola vez, sino dos veces”.
En esa pasada audiencia, Vizcarra rechazó de forma contundente las imputaciones. “Es absolutamente claro que he cumplido mi función... absolutamente pegado a la ley, cumpliendo las normas y las competencias. En consecuencia, no he cometido delito alguno”.
Su abogado, Erwin Siccha, apuntó a la falta de pruebas directas y cuestionó la fiabilidad de los colaboradores eficaces.
Reacción de Vizcarra
Pocas horas después de dictarse la prisión preventiva, Martín Vizcarra difundió, a través de su cuenta personal de TikTok, un mensaje dirigido a simpatizantes y a la opinión pública.
En el video, aseguró que el fallo era conocido desde hacía días y denunció un acuerdo oscuro: “Esto ya no se trata de justicia, se trata de política”. Según sus palabras, “un pacto mafioso está gobernando el Perú desde las sombras y está copando todas las instituciones y poderes del Estado”.
Vizcarra también se refirió a su proceso de vacancia en 2020, sus diversas inhabilitaciones políticas —que suman 25 años— y el bloqueo a su vida pública: “Y ahora en el colmo me meten preso sin tener sentencia ni tener condena, porque ahora ya no se trata de Martín Vizcarra, ahora también se trata del peligro de que este pacto corrupto mafioso se adueñe de todo nuestro país”.
El exmandatario peruano pidió que la comunidad internacional y los jóvenes peruanos permanezcan en alerta frente al riesgo para la democracia y denunció que la prisión preventiva tiene fines políticos y afecta derechos fundamentales.
Contexto y consecuencias inmediatas
Tras escuchar el fallo judicial, el traslado de Martín Vizcarra se realizó anoche en una minivan resguardada por la Policía Nacional hasta una carceleta del Poder Judicial en el distrito de La Victoria.
Decenas de simpatizantes de Perú Primero, partido que lidera Vizcarra, se presentaron en las inmediaciones, manifestando su respaldo y rechazo a la decisión judicial.
La defensa del ex jefe de Estado ya anunció que apelará la prisión preventiva, argumentando arraigo familiar y profesional del acusado en Lima.
Al penal Barbadillo, recinto que alberga también a otros expresidentes peruanos, Vizcarra llegó la mañana de este jueves 14 de agosto. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso que pase los próximos cinco meses en ese reclusorio.
